El caso de Romina Enríquez, la madre que admitió haber perdido $17.800.000 en el casino de Misiones y puso en jaque la fiesta de egresados de 35 estudiantes, sumó en las últimas horas un nuevo y grave capítulo judicial. La mujer fue denunciada penalmente por el delito de administración fraudulenta, mientras comienzan a aparecer antecedentes de situaciones similares que hasta ahora no habían sido formalmente denunciadas.
La causa se inició luego de que las familias afectadas descubrieran, a pocas horas del evento, que gran parte de los servicios contratados nunca habían sido abonados. “Ella ya había estafado a muchas personas, pero como no eran montos tan grandes, nadie la denunció. Tuvo que pasarnos esto a nosotros para que sus antecedentes salieran a la luz”, aseguró Mónica, una de las tutoras y vocera de los padres damnificados, en declaraciones a Red Ciudadana.
Según relataron las familias, Enríquez había sido designada para administrar los fondos de la recepción debido a que aseguraba contar con experiencia previa y contactos con proveedores del rubro. “Lo que no sabíamos es que tenía experiencia en estafar a la gente también”, sostuvo Mónica, visiblemente indignada por la situación.
El escándalo estalló el viernes, el mismo día en que debía realizarse la recepción. Desde la institución educativa alertaron a los padres de que el evento había sido suspendido porque los dueños del salón no habían recibido el pago correspondiente. “Ahí me enteré de que esta señora nunca había pagado más que la seña”, relató la vocera. Más tarde, la propia acusada reconoció que el dinero había sido gastado en apuestas.
El impacto económico fue devastador para muchas familias. “La mayoría llegaba con lo justo a fin de mes y hacía un esfuerzo enorme para pagar. Hubo padres que vendieron cosas para juntar la plata”, lamentó Mónica.
Ante la angustia de los estudiantes y el riesgo de que se cancelara definitivamente la fiesta, los padres se reunieron de urgencia con los propietarios del salón y lograron un acuerdo de emergencia. El evento pudo realizarse, aunque con un presupuesto reducido: $10 millones para cubrir salón, sonido y decoración. El catering original fue descartado y cada familia aportó comida casera. “Todas las mesas tuvieron la misma cena: empanadas y pizza. La bebida se compró en el salón y así también pudimos pagar seguridad y otros servicios”, detallaron.
En medio del conflicto, el intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán, intervino como garante y se comprometió a cubrir la deuda en caso de que las familias no pudieran afrontar los costos.
Tras la denuncia formal, comenzaron a surgir nuevos testimonios de personas que aseguran haber atravesado situaciones similares con Enríquez. “No eran montos tan grandes y por eso nadie denunciaba. Acá somos muy tranquilos, muy pasivos”, explicó Mónica. En las últimas horas, más familias se acercaron a la comisaría para presentar comprobantes y sumarse a la causa penal.
La Justicia ahora deberá determinar el monto total de la estafa, que podría superar ampliamente la cifra inicial conocida. Mientras tanto, el daño emocional sigue siendo profundo. “No es solo la plata. Es el desgaste mental, físico y emocional. Lo único que pensamos fue en los chicos, porque una recepción no se repite y dejarlos sin eso era muy injusto”, concluyó la vocera.
