La reelección presidencial sin límites fue habilitada en El Salvador tras una maratónica sesión del Congreso unicameral, en la que fueron modificados cinco artículos de la Constitución. La reforma, impulsada por el oficialismo, permitirá al presidente Nayib Bukele postularse nuevamente en los comicios de febrero de 2027 y perpetuarse en el poder.
La medida fue duramente cuestionada por organismos internacionales y sectores opositores, que la compararon con los modelos autoritarios de Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela. Durante el debate parlamentario, la diputada opositora Marcela Villatoro advirtió: “La democracia ha muerto”.
Las reformas también incluyen la extensión del mandato presidencial de cinco a seis años, la eliminación de la segunda vuelta electoral y una cláusula transitoria que acorta el actual mandato de Bukele hasta 2027, habilitándolo a competir en elecciones unificadas con cargos legislativos y municipales.
Las nuevas disposiciones fueron aprobadas por 57 de los 60 diputados, una mayoría calificada obtenida por el partido Nuevas Ideas. Solo tres legisladores votaron en contra: dos de la derechista Arena y una del conservador VAMOS.
Desde la oposición y la sociedad civil se advirtió que el proceso legislativo violó el principio de alternancia democrática. La ONG Acción Ciudadana señaló que “estas reformas perpetúan a Bukele en el poder y son un reflejo de autoritarismo”.
El mandatario salvadoreño se pronunció recién a medianoche del sábado, a través de un mensaje en inglés en la red social X (ex Twitter). “El 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida y nadie se inmuta”, afirmó. “Pero cuando un país pobre lo hace, de repente es el fin de la democracia”, añadió.
Bukele también cuestionó la doble vara internacional: “Si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria como Reino Unido o Dinamarca, tampoco lo aceptarían. El problema no es el sistema, sino que un país pobre actúe como soberano”.
La reforma fue posible gracias a un cambio previo en el artículo 248 de la Constitución, aprobado en abril de 2024, que eliminó el requisito de que las reformas sean ratificadas por una legislatura siguiente. Desde entonces, las modificaciones pueden ser aprobadas y ratificadas en la misma legislatura con 45 votos, lo que agilizó el proceso para consolidar el nuevo esquema constitucional.
A pesar de las críticas, la popularidad de Bukele sigue siendo abrumadora: según la última encuesta, el 85,2% de la ciudadanía aprueba su gestión, mientras que solo el 1,4% considera preocupante la concentración del poder.
El Tribunal Supremo Electoral ya anunció que adaptará su plan estratégico para organizar el proceso electoral del 2027 en función de la nueva legislación.
