El juez federal José Manuel Díaz Vélez procesó a seis personas por delitos graves que incluyen lavado de activos, narcotráfico, intimidación pública y asociación ilícita. Entre los imputados se encuentran el ex intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Campos, y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa. La resolución judicial se basa en un audio viral que expuso una red de connivencia entre funcionarios públicos y empresarios locales.
La conversación filtrada reveló vínculos directos entre Campos y el contratista Roque Giménez, quien permanece detenido con prisión preventiva. En el audio, ambos discuten el manejo de la policía, la venta de menores y el uso de fondos municipales para fines ilícitos. La investigación detectó contrataciones directas por sumas millonarias, patrimonio vehicular incompatible con los ingresos declarados y operaciones de lavado a través de obras inexistentes o sobrevaluadas.
El juez ordenó embargos por $1.400 millones y calificó el caso como de “asuntos complejos”, con intervención de la Procunar, Gendarmería y la fiscalía federal. La Municipalidad fue intervenida por decreto del gobernador Osvaldo Jaldo, y la Legislatura ratificó la medida por unanimidad. El expediente pasó del fuero provincial al federal por su gravedad y alcance.
La estructura institucional de Alberdi operaba como una plataforma delictiva. El poder político, económico y criminal se fusionó en una red que afectó la seguridad, la paz social y la administración pública. La instrucción continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones.
