La Justicia de Tucumán formuló cargos contra una joven de 29 años por los delitos de extorsión y falsa denuncia. Según la investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, la mujer intentó chantajear a un hombre tras un encuentro íntimo. La acusación sostiene que la imputada le exigió dinero en efectivo y una cadena de oro bajo la amenaza de denunciarlo por abuso sexual si no cumplía con sus pedidos económicos.
El origen del conflicto y las amenazas
El caso se remonta al 16 de junio de 2024. Según el relato del auxiliar de fiscal Federico Lizarraga, la imputada y la víctima pactaron una cita a través de redes sociales. El encuentro se concretó en el domicilio de la mujer, ubicado en la calle Inca Garcilaso de la Vega, a pocos metros de la avenida Colón, en San Miguel de Tucumán.
Sin embargo, a partir del día siguiente y durante los diez días posteriores, la situación derivó en un acoso constante. La joven comenzó a enviar mensajes de texto extorsivos tanto al teléfono personal del hombre como a los números de sus familiares. En las comunicaciones, la mujer fue tajante al manifestar que radicaría una denuncia por abuso sexual si no recibía de forma inmediata los bienes y el dinero exigidos.
La denuncia falsa y el archivo de la causa
Ante la negativa de la víctima a ceder al chantaje, la mujer cumplió su amenaza el 26 de junio de 2024. Ese día denunció falsamente al hombre ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Este movimiento administrativo dio origen a un legajo oficial en la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual y Género Nº 3.
Tras analizar las pruebas y el contexto del encuentro, la Justicia determinó que el relato de la mujer no era veraz. Por este motivo, el caso original contra el hombre fue archivado el 30 de julio de 2024. Esta resolución permitió al Ministerio Público dar vuelta la investigación e iniciar el proceso actual contra la denunciante por el intento de extorsión.
Restricciones y control judicial
En la audiencia celebrada este lunes, la fiscalía, bajo la conducción de Mariana Rivadeneira, solicitó medidas de coerción para garantizar la sujeción de la mujer al proceso. El juez resolvió hacer lugar al pedido íntegro y dictó una serie de obligaciones que la imputada deberá cumplir estrictamente durante los próximos seis meses.
Entre las restricciones impuestas se destaca la prohibición de acercamiento a la víctima y a su grupo familiar en un radio de 200 metros. Asimismo, la joven tiene la obligación de permanecer a disposición del tribunal, concurrir a todas las citaciones judiciales y evitar cualquier acto que pueda obstaculizar el avance de la investigación.
