El Gobierno de Javier Milei retiró al Estado como querellante en la causa por la deuda con el FMI. Esta decisión no es una sorpresa técnica. Representa un mensaje político profundo. Mediante el Decreto 87/2026, el Ejecutivo Nacional cerró el camino de la persecución penal. La medida beneficia a Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. El Gobierno argumenta que la justicia no debe juzgar decisiones de política económica.
La resistencia del fiscal Picardi
Sin embargo, el frente judicial sigue abierto. El fiscal Franco Picardi apeló la resolución. Su acción devuelve la discusión al centro de la escena. Picardi plantea una pregunta incómoda. ¿Fue el préstamo una simple decisión económica o un esquema defraudatorio? El fiscal sostiene que el archivo de la causa fue arbitrario. Además, afirma que la jueza ignoró pruebas clave sobre el incumplimiento de normas constitucionales.
Funcionarios y blindaje administrativo
La situación actual muestra una paradoja institucional evidente. Hoy, los responsables de aquel acuerdo de 2018 integran el gabinete actual. Luis Caputo y Federico Sturzenegger lideran el engranaje económico de Milei. El retiro de la querella funciona como un blindaje administrativo para estos funcionarios. Ahora, Picardi queda como el único impulsor de la investigación. El fiscal busca determinar si existió un perjuicio real contra el patrimonio nacional.
El futuro en manos de la Cámara Federal
La justicia enfrenta un laberinto de difícil salida. Una doctrina protege a los gobernantes por sus facultades discrecionales. No obstante, la magnitud de la deuda y la falta de control del Congreso son heridas abiertas. El Gobierno de Milei intenta enterrar el pasado judicial de sus aliados. Mientras tanto, la Cámara Federal tendrá la última palabra. Este fallo definirá si el endeudamiento público es un cheque en blanco para el poder político.
