En el marco de la megacausa por usurpaciones, la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal acusó a un comisario como jefe de una asociación ilícita. En la investigación también quedaron imputados un policía retirado de 54 años y un abogado de 49 años, quienes, pese al pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía, recibieron arresto domiciliario por 31 días. Otros cinco acusados fueron considerados partícipes secundarios y cumplirán medidas de menor intensidad.
La audiencia de formulación de cargos se realizó ayer viernes contra seis hombres —entre ellos un hombre de 43 años que se desempeñaba como jefe de una comisaría— y dos mujeres. Fueron acusados por siete hechos vinculados a los delitos de asociación ilícita, estafas, uso de documento falso, encubrimiento, estelionato y usurpaciones por despojo.
La Unidad que dirige Diego López Ávila consideró al comisario como jefe, mientras que el resto —el ex policía y el abogado— fueron señalados como miembros principales. Los demás actuaban como partícipes secundarios. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Emely Rafael, acompañada por la instructora Florencia Giménez Saravia, detalló la conformación y el rol de los imputados en los ilícitos ocurrido entre febrero de 2023 y marzo de 2025.
Según expuso Rafael,“como parte de las maniobras desplegadas por la asociación y con la finalidad de cumplir los fines de la misma, el comisario en calidad de jefe suministraba información confidencial y reservada al ex policía ya imputado en el presente legajo, respecto a las denuncias realizadas por las víctimas de las usurpaciones y las evidencias fílmicas y testimoniales acompañadas en forma inmediata de formuladas, y previa a poner en conocimiento de la autoridad judicial, comunicando una vez avanzada la investigación las indicaciones e instrucciones impartidas por el Ministerio Fiscal en cada caso (medidas, diligencias, órdenes de allanamiento, etc.)”.
Agregó además que “otro ex miembro de la fuerza ejerció influencia directa sobre personal policial no identificado por la investigación alertando a los restantes miembros”.
La auxiliar de fiscal explicó que los miembros de la asociación identificaban propiedades en San Miguel de Tucumán y, con información sobre datos personales, antecedentes dominiales y juicios sucesorios, se la proporcionaban al abogado. Este analizaba el estado jurídico de los inmuebles e informaba cuáles eran potencialmente vulnerables. Luego, “utilizando diferentes personas circunstanciales estudiaban los movimientos de los propietarios o poseedores de los inmuebles”, observando horarios de ingreso y salida para facilitar las maniobras de despojo.
Una vez consumadas las usurpaciones, terceros colaboradores formulaban denuncias falsas como si fueran víctimas o se presentaban como testigos, designando al abogado involucrado como defensor en causas civiles y penales. Según Rafael, aportaban testigos y documentación con contenido simulado e inexistente, con el objetivo de engañar tanto a los damnificados como a la Administración de Justicia.
Las medidas dictadas
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para tres de los acusados —el comisario, el ex policía y el abogado de 49 años—, pero el juez otorgó arresto domiciliario por 31 días al considerarlos miembros principales de la asociación ilícita. Los otros cinco imputados, entre ellos dos mujeres, deberán cumplir medidas de menor intensidad. El plazo coincide con lo dispuesto para los demás integrantes, incluido otro abogado y el ex policía.
Entre los inmuebles afectados se encuentran propiedades ubicadas en San Juan al 300 y al 1400; Catamarca al 300; pasaje Holmberg al 2900; Marcos Paz y Esquiú; Balcarce primera cuadra; Muñecas al 1200; Bolivia al 1400; avenida Roca al 500 y Avellaneda al 200.
