La mirada de María Unger Reimer (34) refleja un cansancio que trasciende lo físico. Con un moretón en el ojo y la voz pausada, relata una historia de supervivencia que comenzó hace siete años cuando decidió «retirarse» de la colonia menonita Nueva Esperanza, en La Pampa. Buscando una libertad que su comunidad le negaba, María terminó en Tucumán, donde rehízo su vida, trabajó en el campo y formó una nueva familia bajo sus propias reglas. Sin embargo, un viaje de regreso por una emergencia familiar la devolvió al horror del que creía haber escapado para siempre.
María se instaló en nuestra provincia en 2019, huyendo de un sistema donde las mujeres carecen de autonomía, no pueden separarse aunque sufran violencia y son explotadas laboralmente desde la niñez. En Tucumán, sus hijas lograron ser escolarizadas por primera vez, rompiendo la barrera del Plautdietsch —el dialecto cerrado de la colonia— para aprender castellano e integrarse a la sociedad. El progreso que construyó durante años se desmoronó la semana pasada, cuando regresó a La Pampa para cuidar a su madre enferma y fue víctima de una emboscada violenta por parte de su ex pareja.
El relato de la agresión es escalofriante. El hombre, en un estado de ebriedad avanzado, la golpeó brutalmente y amenazó con rociarla con nafta para prenderla fuego junto a las niñas. Tras lograr escapar y quedar internada por las heridas, María alquiló un departamento en Santa Rosa para mantenerse a resguardo. Fue en ese contexto de extrema vulnerabilidad cuando ocurrió lo peor: una camioneta vinculada a la comunidad interceptó a sus hijas de 12 y 15 años y las trasladó por la fuerza de regreso a la colonia.
A pesar de que un control policial detuvo el vehículo en la ruta hacia Guatraché, las autoridades permitieron que las niñas siguieran viaje con sus captores. La justicia local priorizó la manifestación de la hija mayor, quien expresó su deseo de volver debido a un noviazgo pactado en la colonia, ignorando por completo el contexto de violencia, las denuncias previas y las amenazas de muerte que pesaban sobre el progenitor.
Actualmente, María vive una pesadilla legal y humana mientras exige la restitución inmediata de las menores. Su abogada, Karina Álvarez Mendiara, denuncia que las niñas están bajo el poder de un hombre denunciado por alcoholismo y violencia extrema, dentro de una estructura religiosa que anula los derechos individuales. Desde la distancia, la madre ruega que sus hijas sean puestas al menos bajo el cuidado de un familiar o en un hogar de resguardo, asegurando que nadie debería ser obligado a vivir con un agresor que ha prometido quitarles la vida.
