La comunidad universitaria argentina se prepara para una nueva jornada de protesta. El próximo miércoles 17 de septiembre, estudiantes, docentes y autoridades de universidades públicas se movilizarán hacia el Congreso Nacional para exigir que se insista con la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente vetada por el presidente Javier Milei.
La convocatoria surgió tras la decisión del Poder Ejecutivo de rechazar una ley aprobada por el Senado el 22 de agosto, que proponía actualizar mensualmente por inflación los gastos salariales y operativos de las universidades estatales. La marcha busca presionar a los diputados para que reviertan el veto, lo cual requiere el voto de dos tercios de los presentes en ambas cámaras.
Estudiantes defienden la universidad pública
El llamado a la movilización fue acompañado por un video protagonizado por jóvenes estudiantes. En él, expresan su deseo de continuar sus estudios en condiciones dignas, con clases presenciales, libertad de pensamiento y docentes bien remunerados. “Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias y del país”, afirman, destacando el valor de la universidad pública como símbolo de excelencia y equidad.
El mensaje final del video resume el espíritu de la convocatoria: “Contra nadie. Para todos. Por el futuro”. La consigna busca evitar la confrontación directa y enfocarse en la defensa de un derecho colectivo.
Congreso: el escenario de la decisión
La protesta se concentrará frente al Congreso, donde se espera que se trate el veto presidencial. La ley vetada había sido aprobada con 58 votos a favor en el Senado, lo que refleja un amplio respaldo político. Sin embargo, revertir el veto exige una mayoría calificada que aún no está garantizada.
Por eso, gremios docentes, no docentes y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) han convocado a un paro y a una nueva Marcha Federal. La movilización busca visibilizar la urgencia de garantizar el financiamiento adecuado para las universidades públicas.
Financiamiento universitario: una demanda histórica
La Ley de Financiamiento Universitario representa una respuesta concreta a la crisis presupuestaria que atraviesan las instituciones educativas. Además de asegurar el funcionamiento básico, permitiría sostener la calidad académica y evitar el éxodo de profesionales.
Por otro lado, la marcha del 17 de septiembre se inscribe en una larga tradición de defensa de la educación pública en Argentina. La universidad gratuita y de calidad ha sido históricamente un pilar de inclusión social y desarrollo nacional.
