El Gobierno nacional derogó el Decreto 2417/1993, que regulaba desde hace más de tres décadas los aranceles de los colegios privados en Argentina. A través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se eliminó la obligación de comunicar anticipadamente los montos de matrícula y cuotas, así como la necesidad de obtener autorización estatal para modificarlos.
La medida marca un giro en la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada, permitiéndoles fijar libremente sus precios. Según el Ejecutivo, el esquema vigente dificultaba la adaptación de las instituciones a las realidades económicas y educativas del país.
El decreto sostiene que el sistema de control de precios respondía a un contexto centralizado en los años 90, pero que hoy, con la educación bajo jurisdicción provincial, resulta necesario revisar el marco normativo. “La intervención estatal ha generado efectos contraproducentes que afectan la viabilidad económica de los institutos”, señala el texto.
Además, se argumenta que la exigencia de informar y autorizar los valores con antelación limita la capacidad de respuesta ante fluctuaciones del mercado. Según el Gobierno, esto lleva a que los colegios fijen cuotas más altas de lo necesario por temor a enfrentar costos imprevistos sin aprobación estatal.
También se destaca el derecho de propiedad de los institutos privados, que deberían tener libertad para definir sus condiciones de contratación y salarios sin intervención estatal.
Impacto en las familias y revisión del sistema de financiamiento
El decreto advierte que el mecanismo de control perjudica a las familias, que enfrentan aranceles más altos desde el inicio del ciclo lectivo y ven limitada su capacidad de elegir instituciones acordes a sus posibilidades económicas. En algunos casos, esto obliga a trasladar a los alumnos a otros colegios.
Por otro lado, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano para que revise el Decreto 2542/1991, base del sistema de financiamiento de la educación privada, y proponga modificaciones. El objetivo es avanzar hacia un modelo de libre contratación, donde las instituciones definan sus políticas de precios y compensaciones en función de la demanda y la competencia.
