En pleno receso de verano, la Legislatura de Tucumán vuelve al recinto este martes para tratar dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) enviados por el gobernador Osvaldo Jaldo. El temario de esta sesión extraordinaria se concentra en dos ejes de la administración pública: el control del gasto en personal y la continuidad de beneficios para empresas contratistas del Estado.
Restricciones en el ingreso al Estado
El primer DNU bajo análisis establece limitaciones para la designación de personal en el ámbito del Poder Ejecutivo, entes autárquicos y descentralizados. La medida busca fijar un marco de austeridad en la administración de los recursos públicos para el ejercicio 2026. Además de su aplicación directa en el Ejecutivo, el decreto extiende una invitación a los municipios y a los demás poderes del Estado para que se adhieran a estos criterios de restricción en las contrataciones.
Cumplimiento fiscal y el futuro del Procrear II
El segundo tema de la jornada es la prórroga de la eximición del certificado de cumplimiento fiscal para las empresas que prestan bienes y servicios a la provincia. Esta disposición, que ya tuvo vigencia durante 2024 y 2025, se extendería ahora hasta el 31 de diciembre de 2026.
Desde el Gobierno explican que esta medida es fundamental para evitar trabas burocráticas que puedan paralizar la obra pública. El foco principal está puesto en garantizar la continuidad de las obras en el barrio Procrear II, permitiendo que las constructoras sigan operando sin interrupciones administrativas en el marco de la actual coyuntura económica.
El debate en el recinto
Si bien el oficialismo cuenta con los números para ratificar los decretos, la oposición ha planteado sus reparos. El legislador Walter Berarducci presentó un dictamen en minoría manifestando su rechazo a las iniciativas. El debate girará en torno a la necesidad de mantener estas medidas de excepción en el tiempo frente a la postura de quienes solicitan un retorno a los mecanismos ordinarios de control fiscal y contrataciones.
