La edición 2026 del Latin America University Rankings de Times Higher Education (THE) marcó un retroceso para las universidades argentinas: ninguna figura entre las 50 mejores de América Latina. Solo tres instituciones locales quedaron en el top 100, frente a las ocho que habían alcanzado ese rango el año pasado.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) es la mejor posicionada, en el puesto 62. En 2025 había debutado en el ranking en el puesto 28. La Universidad Austral cayó del 43 al 82, mientras que la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) bajó del 52 al 89.
Cambios metodológicos y retroceso
Según explicó THE, la caída se debe a un cambio metodológico: ahora las universidades latinoamericanas son evaluadas con los mismos estándares globales que se aplican en el ranking mundial, lo que implica una medición más exigente.
El ranking utiliza 16 indicadores agrupados en cinco áreas:
- calidad de la investigación
- enseñanza
- volumen y reputación científica
- vínculos con la industria (transferencia de conocimiento y patentes)
- proyección internacional (estudiantes y profesores extranjeros)
El ranking 2026 calificó a 223 universidades de 16 países. Brasil domina la cima con siete instituciones en el top 10, incluida la Universidade de São Paulo (1°) y la Universidade Estadual de Campinas (2°). Chile figura con la Pontificia Universidad Católica (3°), mientras que México aporta al Tecnológico de Monterrey (7°) y la UNAM (9°).
Argentina logró clasificar 12 universidades (8 públicas y 4 privadas), aunque ninguna entre las 50 mejores.
Universidades argentinas en el ranking
- UNLP (62)
- Austral (82)
- UNSAM (89)
- UNC y UNCuyo (101-125)
- UCA (126-150)
- UNQ, UNR, UNL, UNNOBA, Católica de Córdoba e ITBA (+151)
El rector de la Austral, Julián Rodríguez, destacó que la institución sigue siendo la privada mejor posicionada del país, pese al contexto desafiante.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó mayor financiamiento en el marco del debate por el Presupuesto 2026. En un comunicado, los rectores advirtieron que los recursos previstos por el Poder Ejecutivo “lesionan gravemente el derecho a la educación” y pidieron aplicar la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar previsibilidad en el funcionamiento de las instituciones.
