Las intensas lluvias que golpearon a Tucumán en los últimos días no solo dejaron consecuencias sociales y materiales, sino que también abrieron un fuerte frente de disputa política. El eje del cruce se centró en la efectividad de las obras hídricas y en la transparencia del uso de los fondos públicos destinados a prevenir los efectos de este tipo de fenómenos climáticos.
El primer pronunciamiento llegó desde La Libertad Avanza (LLA) Tucumán, que difundió un comunicado expresando solidaridad con las familias afectadas. No obstante, el mensaje derivó rápidamente en un reclamo al Poder Ejecutivo, al que le exigieron explicaciones sobre el destino de los recursos asignados al Plan Pre Lluvia, un programa creado para reducir el impacto de las precipitaciones intensas.
Desde el espacio que conduce Lisandro Catalán señalaron que, sin desconocer el sufrimiento de los damnificados, las inundaciones eran “previsibles y prevenibles”. A su criterio, la reiteración de anegamientos demuestra que las inversiones anunciadas no lograron los resultados esperados. En ese marco, cuestionaron de forma directa la administración de los fondos enviados a municipios y comunas para el mantenimiento de desagües. “Resulta imposible no preguntarse qué se hizo con los fondos”, afirmaron.
La respuesta oficial no se hizo esperar. El ministro del Interior, Darío Monteros, rechazó las críticas y atribuyó los desbordes exclusivamente a las “inclemencias del clima”. Además, pidió responsabilidad a la oposición y la acusó de intentar sacar ventaja política de una situación extrema. En defensa de la gestión, aseguró que las tareas preventivas evitaron un escenario más grave: “El Plan Pre Lluvia funcionó, funciona y va a seguir funcionando”, sostuvo, y destacó el trabajo de maquinaria en ríos y canales para contener los efectos del suelo saturado.
El debate se intensificó con la intervención del diputado nacional Gerardo Huesen, quien cuestionó con dureza los argumentos oficiales. Para el legislador, el clima no puede utilizarse como justificación permanente, ya que se trata de fenómenos recurrentes en la provincia. “Meses de trabajo no solucionan años de abandono y desidia”, lanzó.
En una línea distinta, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, llamó a no politizar la emergencia y remarcó las limitaciones presupuestarias actuales. “Tucumán viene haciendo un esfuerzo grande. Para las obras que necesitamos se requieren recursos extraordinarios nacionales. Es difícil en un país donde se paralizó la obra pública. No son situaciones para sacar provecho político”, expresó.
En paralelo, la legisladora Silvia Elías de Pérez avanzó por la vía institucional y presentó un pedido de informes en la Legislatura. El planteo apunta a conocer el destino de un Aporte del Tesoro Nacional por $20.000 millones, aceptado por decreto en el marco de la Ley de Emergencia Hídrica. La iniciativa solicita precisiones sobre la ejecución financiera y física de esos fondos, un detalle territorial de las obras realizadas y los criterios técnicos utilizados para definir prioridades.
