La Policía de Tucumán atraviesa una de sus crisis más profundas tras la detención del comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte, acusado de utilizar presos condenados por abuso sexual, policías en funciones y recursos estatales para construir una casa en El Cadillal. El caso, que se conoció a partir de una denuncia anónima, ya generó procesamientos judiciales, congelamiento de ascensos y una dura advertencia del gobernador Osvaldo Jaldo a toda la cúpula policial.
La denuncia y el operativo
El viernes 8, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa recibió una denuncia que señalaba a Beltrán por utilizar a cuatro presos y dos policías como mano de obra en una obra privada. Tras verificar la información, el martes se reunió con Jaldo y la fiscal de Estado Gilda Pedicone. La decisión fue contundente: enviar al lugar un equipo del Ministerio Público Fiscal, sin participación de la propia Policía, por desconfianza.
El procedimiento sorprendió a la fuerza: cuando los altos mandos se enteraron, cuatro personas ya habían sido reducidas en el lugar.
El miércoles, Jaldo reunió a toda la plana mayor de la Policía y del Servicio Penitenciario. El encuentro fue tenso. “Ustedes mismos arruinaron todo el buen trabajo que venían haciendo”, les dijo el gobernador, según testigos. También advirtió que nadie tenía el cargo asegurado, ni siquiera el jefe de Policía Joaquín Girvau ni su segundo Roque Íñigo.
Puertas adentro, hubo autocrítica y reproches. “Hay que estar locos para usar presos para hacer mejoras en una casa”, dijo Girvau públicamente. En privado, fue más duro: “Nos dijo que éramos unos pel… y que defraudamos al gobernador”, relató un asistente.
Procesamientos y señales judiciales
Beltrán y los sargentos Osvaldo Teseira y Luis Trejo fueron procesados por varios delitos. La fiscala Mariana Rivadeneira sostuvo que “la sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”. Los tres fueron trasladados al penal de Benjamín Paz, sin privilegios, pese a los pedidos de hábeas corpus de su defensa.
La Justicia también investiga al segundo jefe de la Regional Norte, Sergio Juárez, y a otros ocho efectivos. Un detalle que complica a Beltrán: entregó su celular sin el chip, lo que dificulta el análisis de sus comunicaciones.
Efecto cascada y más irregularidades
El caso podría desatar un efecto dominó dentro de la fuerza. Ya se habla de nuevas denuncias por corrupción en otras jurisdicciones. Mientras tanto, Jaldo ordenó a cada jefe regional presentar un informe de gestión con estadísticas y nombres de sus colaboradores. “Quiere marcarlos muy de cerca”, deslizó una fuente.
Los ascensos quedaron congelados y se esperan medidas más severas en los próximos días. Sin embargo, a menos de 48 horas del “reto grupal”, ocurrió otro hecho insólito: Javier “Chuky” Casanova, acusado de narcotráfico y tiroteos, fue enviado por error a su casa con tobillera electrónica, pese a tener prisión preventiva vigente. La alarma se activó cuando abandonó el domicilio y recién una hora y media después se notificó a la Justicia. Casanova se entregó horas más tarde.
¿Hasta dónde llegarán los cambios?
Aunque la gestión policial exhibe cifras alentadoras —50% menos homicidios, 30% menos robos y récord en secuestro de drogas—, el escándalo golpeó la credibilidad institucional. La pregunta que flota en el aire es si la cúpula podrá resistir otro golpe o si este será el inicio de una purga más profunda.
