Impulsado por su reciente victoria electoral, el presidente Javier Milei anunció que pondrá en marcha una nueva etapa de reformas estructurales, encabezada por la modernización de la legislación laboral.
El mandatario ya anticipó las medidas: “Para la reforma tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible, de modo tal que, al bajar las alícuotas, no tenga sentido la evasión».
«O sea, que la gente no quiera estar en lo informal. Pero antes, debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos”, explicó el Presidente el día posterior a la victoria en los comicios legislativos.
Acto seguido, lanzó una advertencia dirigida a los gremios: “Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados”. Según Milei, el nuevo esquema económico se apoya en el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la flexibilización de las condiciones laborales.
El proyecto que impulsa el Gobierno
El Gobierno retomó la propuesta presentada a fines de 2024 por la diputada libertaria Romina Diez, una dirigente cercana a Karina Milei, bajo el título “Ley de promoción de inversiones y empleo”.
La iniciativa reemplazó a la versión original del oficialismo incluida en la Ley Bases, de la cual se habían eliminado 42 de los 58 artículos durante las negociaciones parlamentarias.
El texto no incluye modificaciones sobre la recaudación sindical ni sobre la democracia interna de los gremios, temas que habían sido impulsados por legisladores del PRO y la UCR pero que quedaron fuera tras la tregua entre el Gobierno y la CGT en 2024.
El proyecto de Diez propone incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas, con el propósito de fomentar la contratación formal de trabajadores.
Además, introduce la posibilidad de fragmentar las vacaciones, aplicar bancos de horas y establecer mecanismos de flexibilidad laboral mediante convenios colectivos. También define nuevas pautas para licencias por enfermedad o accidente.
Puntos que continúan con la idea del DNU 70/23
En su letra chica, la iniciativa reproduce fragmentos del capítulo IV del DNU 70/23, suspendido por la Justicia laboral y pendiente de resolución en la Corte Suprema.
Entre los aspectos más controvertidos, figura la extensión de la jornada laboral de 8 a 12 horas, la posibilidad de abonar parte del salario mediante vales o tickets, y la opción de pagar indemnizaciones o multas judiciales en hasta 12 cuotas.
En paralelo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, adelantó que el Ejecutivo planea revisar los convenios colectivos de trabajo, en especial los aportes obligatorios y la ultraactividad, principio que mantiene vigentes los acuerdos vencidos mientras no se firmen nuevos. También pretende que las negociaciones salariales se realicen por empresa y productividad, como ocurrió en la década del 90.
Con 35 años de trayectoria en el Grupo Techint, Cordero es uno de los principales responsables del rediseño laboral. Participó en la redacción del DNU 70/23 antes de incorporarse al Gobierno y responde directamente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Durante su exposición ante el coloquio de IDEA y en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, defendió su visión de “negociaciones dinámicas”, expresión que remite al enfoque de Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se vincularon los aumentos salariales a la productividad.
