El Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la aplicación del denominado “protocolo antipiquetes” implementado en Argentina, al considerar que podría criminalizar la protesta social y habilitar un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
Las observaciones fueron realizadas durante las jornadas desarrolladas en la sede de la ONU, en Ginebra, Suiza, donde una delegación argentina fue evaluada en el marco del seguimiento internacional sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura. El protocolo cuestionado fue oficializado en diciembre de 2023 por el Ministerio de Seguridad de la Nación bajo la denominación “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”.
El relator chileno del Comité, Jorge Contesse, advirtió que la resolución “parece criminalizar la participación en manifestaciones que obstaculizan el tráfico” y señaló que el texto habilita a la Policía Federal y a otras fuerzas de seguridad a hacer uso de la fuerza frente a cualquier concentración de personas o instalación de obstáculos que reduzcan la circulación, incluso cuando no exista una situación de peligro concreto.
Además, el comité remarcó que el protocolo permite intervenir sin orden judicial, al considerar estas situaciones como delitos flagrantes encuadrados en el artículo 194 del Código Penal, lo que encendió alertas sobre la protección de derechos fundamentales.
Desde el CAT también se cuestionó que la nueva normativa haya derogado una resolución vigente desde 2011, que establecía límites al uso de armas menos letales para dispersar manifestaciones. Según indicaron, el protocolo fue aplicado en numerosas protestas sociales desde su implementación y existen registros que documentan más de 2.500 personas que habrían sido víctimas de hechos de violencia asociados a su aplicación.
Ante este escenario, el Comité contra la Tortura instó al Estado argentino a revisar el protocolo y a incorporar de manera explícita los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución en el uso de la fuerza. Asimismo, recomendó establecer directrices claras sobre el empleo de armas menos letales en el contexto de manifestaciones públicas.
Entre las sugerencias formuladas, el organismo internacional también pidió garantizar la grabación de todos los operativos policiales durante protestas y manifestaciones, y asegurar que ese material esté disponible para los organismos independientes encargados de investigar posibles abusos.
