Una transferencia bancaria detectada en las últimas semanas podría convertirse en una pieza clave para profundizar la investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años asesinada en un caso que continúa rodeado de interrogantes y múltiples líneas abiertas. Se trata de un movimiento de dinero que, si bien no sería elevado, no coincidía con los montos que la víctima solía manejar habitualmente.
“Es un indicio concreto y pedimos que se analice en profundidad”, sostuvo Carlos Garmendia, abogado de la familia Álvarez, en el expediente en el que se encuentra procesado Felipe Sosa, conocido como “El Militar”.
De acuerdo a lo que surge de la causa, Érika le habría explicado a su madre que ese dinero provenía de una apuesta deportiva. Sin embargo, allegados a la joven señalaron que, a diferencia de otras ocasiones, no envió capturas ni comprobantes del supuesto premio, algo que solía hacer cada vez que ganaba.
Para la querella, esta operación económica podría reforzar la hipótesis de un trasfondo vinculado al narcotráfico. Los investigadores no descartan que esos fondos estén relacionados con alguna maniobra ligada a la venta de estupefacientes, una línea que cobra cada vez más fuerza en el expediente.
Sospechosos y vínculos
En el avance de la investigación aparecen reiteradamente menciones a un hombre identificado como “Carlos” o “El Paraguayo”, señalado por testigos como un presunto narcotraficante de origen extranjero que tendría pedido de captura internacional. Según una declaración incorporada al expediente, este sujeto estaría vinculado a vuelos de avionetas que trasladaban drogas hacia Tucumán.
Existen, además, dos versiones sobre la relación entre este hombre y la víctima. Una de ellas indica que le entregaba marihuana para que la vendiera y así obtener ingresos. La otra sostiene que buscaba alejarla del consumo de drogas para mantenerla bajo su control. La familia de Érika insiste en que se investigue exhaustivamente a este sospechoso.
Según Garmendia, “Carlos” no solo mantenía una relación cercana con la joven, sino que además habría sido quien la presentó a Sosa y le facilitaba una vivienda en la zona de El Cadillal.
Testimonios clave
Milena Álvarez, hermana de la víctima, aportó datos considerados relevantes para la pesquisa. Afirmó que Érika frecuentaba a Sosa desde hacía al menos dos años y que solía contarle a su familia todo lo que vivía. En su declaración ante la División Homicidios, describió cómo la joven se refería a él y aseguró que lo vinculaba con la venta de éxtasis en fiestas electrónicas de la provincia.
También relató que, cuando visitaba la casa de Sosa en Yerba Buena, Érika veía gran cantidad de pastillas que no consumía y la presencia de armas en el lugar.
Sosa, quien reconoció ser consumidor ocasional de drogas, estuvo involucrado anteriormente en una causa por estupefacientes. En 2023, durante un procedimiento ordenado en el marco de un juicio de divorcio, la Policía halló 36 plantas de marihuana en su vivienda. Aunque la Justicia Federal lo sobreseyó tras alegar que contaba con autorización para producir cannabis, el antecedente volvió a quedar bajo la lupa.
Investigación en curso
El gobernador Osvaldo Jaldo pidió públicamente a los familiares que aporten toda la información posible para esclarecer el crimen. “Queremos llegar hasta el fondo y que paguen todos los responsables”, afirmó.
Incluso los defensores de Sosa solicitaron que se investigue a “Carlos” como posible autor del asesinato. El fiscal Carlos Picón aclaró que se analizan múltiples hipótesis, aunque cuestionó la incorporación de algunos indicios que, según sostuvo, carecen de sustento firme.
Mientras tanto, la familia de Érika sostiene que la joven fue silenciada. “Está claro que vio o supo algo que no debía”, expresó su hermano en una entrevista televisiva. “Esto recién empieza. Hay mucha gente involucrada y esperamos que la Justicia avance”, concluyó Milena.
La causa continúa bajo investigación, con nuevas pruebas y testimonios que podrían cambiar el rumbo del caso en las próximas semanas.
