La sesión de este martes, la primera del año, fue presidida por el vicegobernador Miguel Ángel Acevedo y contó con la presencia de 34 legisladores. El debate se extendió por aproximadamente una hora y media y abordó dos medidas incluidas en el temario oficial.
En primer término, el cuerpo legislativo trató y aprobó el Decreto Nº 11/3 (MEyP), que establece la prohibición de nuevas designaciones y contrataciones de personal en el Poder Ejecutivo, entes autárquicos y organismos descentralizados. La norma contempla únicamente excepciones debidamente justificadas para garantizar el funcionamiento de áreas consideradas esenciales.
El decreto también habilita la reasignación transitoria de agentes entre dependencias estatales, sin cambios en los cargos ni en las remuneraciones, con el objetivo de optimizar los recursos humanos existentes. Estas disposiciones comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2026 y tendrán una vigencia de dos años, en el marco de la Emergencia Económica y Social, que se extiende hasta 2027.
Posteriormente, la Legislatura avaló el Decreto Nº 1/3 (MEyP), que suspende hasta el 31 de diciembre de 2026 la exigencia del Certificado de Cumplimiento Fiscal como requisito de admisibilidad en las ofertas para la contratación de bienes y servicios por parte del Estado provincial.
La medida se fundamenta en el contexto económico nacional y en la necesidad de agilizar los procesos de compras públicas, evitando que la exigencia del certificado limite o desaliente la participación de proveedores. En los considerandos del decreto se aclara que la exención no implica una condonación de deudas ni afecta la recaudación, ya que el Estado conserva plenamente sus facultades para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las vías correspondientes.
Si bien ambos DNU recibieron críticas desde la oposición, el oficialismo logró reunir los votos necesarios y se impuso con amplia mayoría en las dos votaciones.
