Fuertes cruces y discursos en tono elevado, la Legislatura de Tucumán sancionó este jueves una ley para avanzar en la radarización del espacio aéreo provincial, con el objetivo de reforzar la lucha contra el narcotráfico, en línea con el Operativo Lapacho que se ejecuta por vía terrestre. La iniciativa fue aprobada pese al rechazo de la oposición, que cuestionó su constitucionalidad y dejó asentados votos en contra.
El proyecto, denominado Régimen Provincial de Vigilancia, Prevención y Cooperación para el Control del Tráfico Aéreo Irregular (TAI), fue el punto más controversial de la última sesión del año 2025, presidida por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Legislativo, Sergio Mansilla.
La propuesta fue impulsada por el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse (bloque Justicialista), quien defendió la norma y aseguró que no invade competencias federales. “El control del espacio aéreo y el uso de la fuerza aérea son atribuciones exclusivas del Estado Nacional, y esta ley lo deja claramente establecido”, sostuvo.
En su exposición, el legislador destacó los resultados del Operativo Lapacho durante 2025. Según detalló, se lograron decomisar más de 2.100 kilos de sustancias ilícitas, se neutralizaron pistas clandestinas, se reforzaron controles en rutas y accesos estratégicos y se desarticularon estructuras logísticas del narcotráfico. “Esto se traduce en una baja de los índices delictivos en los últimos dos años, fruto de una decisión política y una presencia territorial efectiva”, afirmó.
Vargas Aignasse insistió en que la iniciativa solo apunta a la detección y aviso de vuelos irregulares que circulen por debajo de los 500 metros de altura. “No vamos a operar radares, ni comprar aviones, ni derribar aeronaves. Vigilamos y avisamos. La Nación necesita de la colaboración de las provincias”, remarcó.
Rechazo opositor
Desde la oposición, el radical José Cano (Radicalismo Federal) firmó un dictamen en minoría y sostuvo que el control del espacio aéreo es una competencia exclusiva del Gobierno nacional. “La provincia no puede crear un esquema paralelo que asuma facultades delegadas a la Nación sin vulnerar el orden jurídico”, advirtió.
Cano también cuestionó las prioridades del Ejecutivo provincial. “Tenemos comisarías que se caen a pedazos, crímenes impunes y una fuerza policial con serios problemas estructurales. No podemos operar radares, eso lo hace personal militar”, enfatizó.
En la misma línea, el legislador Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) consideró que la ley es “inconstitucional e improcedente” y planteó que el narcotráfico es un problema nacional. “Vamos a sancionar una norma que se arroga facultades que no le corresponden a la provincia”, señaló, al tiempo que mocionó sin éxito la vuelta del proyecto a comisión.
Cruces y discursos encendidos
El debate se tensó con el intercambio directo entre oficialismo y oposición. Cano afirmó que su postura buscaba polemizar y cuestionó la adhesión provincial a un sistema de jurisdicción nacional. Berarducci reprochó el tono del debate y cuestionó al oficialismo: “No gritemos. Llevan 20 años gobernando la provincia y seguimos teniendo droga, delitos, saqueos, policías involucrados en hechos graves y municipios intervenidos”.
Vargas Aignasse respondió con vehemencia y defendió la estrategia de seguridad provincial. “Tucumán tiene los mejores índices de decomiso del país porque hay una decisión política clara. Esta ley no invade competencias federales de ninguna manera”, reiteró.
Emergencia electoral, otro foco de tensión
Las tensiones políticas se extendieron a otro tema sensible. Aunque no estaban en el temario reformas políticas o electorales, el legislador Claudio Viña aprovechó el tratamiento de la prórroga de emergencias sectoriales para plantear que existe una “emergencia electoral”.
“El debate sobre la reforma electoral se promete desde 2015 y nunca se concreta. La expectativa de la sociedad fue estafada”, sostuvo Viña, quien presentó un proyecto para declarar la emergencia en la materia. Sus dichos generaron reproches desde el oficialismo, que evitó abrir la discusión en el recinto.
Con la sanción de la ley de radarización, la Legislatura cerró un año marcado por debates ásperos y profundas diferencias políticas en torno a la seguridad y las competencias entre Nación y Provincia.
