La legisladora porteña Lucía Montenegro, integrante de La Libertad Avanza, declaró este lunes ante la Fiscalía Federal N° 1 por las irregularidades en la campaña presidencial de José Luis Espert durante las elecciones de 2019.
El fiscal Ramiro González y la jueza María Romilda Servini investigan el caso, que ya derivó en sanciones al partido Unite, fuerza que avaló la candidatura de Espert aquel año.
Según los informes judiciales, la Justicia desaprobó los balances contables de Unite, al detectar fondos sin justificar, aportes privados no declarados y falta de documentación respaldatoria. Las anomalías fueron ratificadas en 2023, lo que provocó la pérdida de aportes públicos para el espacio político.
Montenegro y su padre, Antonio Montenegro, comparecieron ante el fiscal y aseguraron que sus cargos dentro de Unite fueron “una formalidad”, sin participación directa en la administración de fondos.
“Todo lo que hicimos fue parte de la actividad militante. No manejamos dinero ni cobramos por esas funciones”, explicaron.
En su defensa, señalaron a José Bonacci, expresidente de Unite y padre de la diputada nacional libertaria Rocío Bonacci, como principal responsable financiero del partido. También mencionaron al contador Raúl Ernesto Habra, a quien describieron como socio de Bonacci y encargado de la contabilidad interna.
Sin embargo, la Justicia mantiene bajo análisis su posible responsabilidad administrativa y penal, ya que ambos figuraban como autoridades partidarias en los registros oficiales.
El avance de la causa y los vínculos con “Fred” Machado
La causa surgió tras detectarse movimientos financieros irregulares en la campaña de Espert, quien utilizó aviones del empresario Federico “Fred” Machado, hoy detenido y con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.
El fiscal González denunció las irregularidades en mayo de 2021, y el expediente pasó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mángano.
Además, las pesquisas revelaron que Unite no declaró aportes privados en 2019, aunque se comprobó que el entonces candidato voló al menos 36 veces en aeronaves vinculadas a Machado.
La Justicia busca determinar si esos vuelos formaron parte de un financiamiento encubierto que violó la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Posibles sanciones e implicancias políticas
De avanzar la acusación, Lucía Montenegro podría ser inhabilitada para ejercer cargos públicos por un período de seis meses a diez años, según lo establece la normativa electoral.
En paralelo, se espera la declaración de José Bonacci, cuya citación fue demorada por el cambio de abogado.
Una vez finalizada la ronda de testimonios, el fiscal Ramírez definirá si archiva el expediente o presenta una acusación formal contra los responsables del espacio político.
El caso reabre el debate sobre la transparencia del financiamiento político y el control de los fondos públicos en las campañas electorales argentinas.
