Una nueva sospechosa quedó involucrada en la causa conocida como la “fábrica de certificados truchos”, que investiga la falsificación de documentos médicos y formularios oficiales en Tucumán. Se trata de una mujer de 39 años que fue imputada por falsificación de sellos y permanecerá bajo arresto domiciliario mientras avanza la investigación.
La audiencia se realizó este lunes 10 de noviembre a pedido de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, subrogada por el fiscal Diego López Ávila, con el objetivo de formalizar la investigación, formular cargos y solicitar prisión preventiva contra la acusada.
La mujer había sido aprehendida el sábado pasado, alrededor de las 18:00, durante un allanamiento en su vivienda del barrio San Francisco, en la capital tucumana. En el procedimiento se secuestraron cinco sellos apócrifos pertenecientes a distintos organismos públicos y profesionales de la salud, además de un teléfono celular que será peritado.
“En el domicilio se encontraron sellos del hospital Avellaneda, del Ministerio de Educación, de un CAPS, de una médica tocoginecóloga y de una directora de escuela. Con estos sellos apócrifos se confeccionaban certificados médicos truchos, aptos físicos, formularios de Anses y fichas médicas escolares”, detalló la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, quien sostuvo que “claramente estamos ante una organización criminal”.
La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se dicte prisión preventiva por 30 días para evitar entorpecimientos en la investigación. “No sólo hay víctimas como las doctoras, sino también instituciones públicas. La imputada, de quedar en libertad, puede destruir o modificar pruebas. Además, hay otros sospechosos que aún no fueron ubicados”, argumentó Briz Tomás.
La defensa, por su parte, se opuso al pedido y solicitó arresto domiciliario con pulsera electrónica. Tras un cuarto intermedio, el juez resolvió imponer la prisión preventiva por 30 días, aunque bajo la modalidad de arresto domiciliario, decisión que será apelada por la fiscalía.
Según la teoría del caso, la imputada habría obtenido los sellos en forma fraudulenta con el fin de falsificar certificados médicos, aptos físicos y formularios oficiales utilizados para trámites en instituciones educativas, sanitarias y sociales.
Las autoridades del Ministerio Fiscal remarcaron que la investigación continúa y que se trabaja para identificar a otros integrantes de la red que habría operado desde distintos puntos de la provincia, fabricando y comercializando documentación falsa bajo la apariencia de trámites legítimos.
