La Justicia busca determinar quién usaba el helipuerto emplazado en la lujosa quinta de Villa Rosa, Pilar, una costosa propiedad que figura a nombre de dos supuestos testaferros de altas autoridades de la AFA.
Al respecto, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky pidió a la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) que le remita el listado de pilotos que operaron desde ese helipuerto desde su puesta en marcha hasta la actualidad.
El requerimiento se cursó luego que el organismo informó que está autorizado a operar, pero que el registro de aterrizajes y decolajes debe llevarlo el responsable de su uso, en el lugar. Ese libro no apareció secuestrado en los allanamientos, explicaron fuentes del caso.
El objetivo de la medida y de otras tomadas al respecto, es determinar quién en realidad usaba el helipuerto como así también las demás instalaciones de la quinta.
El juez libró órdenes de presentación a diferentes organismos en busca de acelerar el envío de documentación que había sido requerida el lunes último, como constancias de titularidad de los 54 vehículos secuestrados en un galpón -algunos de colección o alta gama-, quienes están autorizados a manejarlos y a nombre de quién están los “telepases”, entre otras pruebas.
Un cambio de juez y nuevas medidas
Aguinsky recibió el expediente esta semana, luego de que la Cámara Federal resolviera que la investigación debía tramitar en el fuero penal económico y no continuar bajo la órbita del juez federal Daniel Rafecas, quien había ordenado los primeros allanamientos.
Desde entonces, el magistrado dispuso nuevas medidas de prueba. Entre ellas, pidió identificar a los titulares de las pólizas de seguros de los 54 vehículos hallados en la quinta, establecer quiénes contaban con cédulas azules para conducirlos y relevar si estaban vinculados al sistema Telepase o contaban con dispositivos de rastreo.
Vehículos de lujo y objetos con nombre propio
Durante el allanamiento, la Policía Federal encontró en un galpón del predio «45 autos de lujo o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings», que quedaron secuestrados por orden judicial.
En la propiedad también apareció un bolso negro con el nombre «Pablo Toviggino» y una placa del Club Atlético Barracas Central dedicada al tesorero de la AFA por su participación en la reinauguración del estadio, fechada el 18 de julio de este año.
Los supuestos testaferros y la trama societaria
La quinta figura a nombre de Real Central SRL, una sociedad integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Según surge de la investigación, la empresa incrementó su capital social de $300.000 a $58 millones en mayo de 2024, semanas antes de adquirir el predio. En ese proceso, Pantano cedió su participación accionaria a su madre, que pasó a convertirse en la principal accionista.
Ambos fueron convocados por el juez Aguinsky para presentarse en el juzgado y brindar explicaciones. La investigación judicial sostiene que Pantano y Conte —un monotributista con deudas bancarias y una jubilada que durante la pandemia percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)— no tendrían capacidad económica para adquirir los bienes investigados, lo que alimenta la hipótesis de que actuarían como testaferros, tal como denunció la Coalición Cívica.
El vínculo territorial bajo análisis
La causa también incorpora elementos vinculados a una propiedad en el barrio privado Ayres Plaza, en el mismo partido de Pilar. Durante un allanamiento en ese country, la Policía secuestró documentación que acredita que Pablo Toviggino y una de sus hijas figuraban entre las personas autorizadas para ingresar de manera permanente al predio, donde Pantano y Conte poseen una vivienda.
Qué busca probar la Justicia
Además del uso del helipuerto, Aguinsky pidió informes sobre los titulares de los servicios de internet, cable y telefonía móvil vinculados a la quinta, con el objetivo de establecer quiénes afrontaban sus gastos cotidianos. El lugar cuenta con más de 105.000 m² dentro de los que se ubican una caballeriza, un quincho, una casa principal, una casa de huéspedes, una cafetería, una oficina, una garita y el helipuerto investigado.
La investigación continúa en etapa de instrucción y apunta a determinar quiénes utilizaron efectivamente los inmuebles y si existió una maniobra de ocultamiento y disimulación del origen de bienes de alto valor económico, tal como plantea la denuncia.
