La Justicia tucumana decidió profundizar una investigación que, aunque se originó en una causa sucesoria, derivó en una pesquisa de alto impacto institucional por presuntas maniobras con fondos del PAMI vinculadas al funcionamiento de uno de los principales sanatorios privados de la provincia.
El expediente se tramita en el fuero Civil en Familia y Sucesiones y tiene como eje la sucesión de Julio Ernesto Luna, titular de la firma Luz Médica S.A. Sin embargo, a partir de la presentación de una de las herederas, quien denunció la existencia de “hechos nuevos”, la causa comenzó a tomar una dimensión inesperada: la posible existencia de un esquema de triangulación de facturación para cobrar prestaciones al Estado a través de empresas interpuestas y en sedes no habilitadas.
Ante la gravedad de los elementos aportados, el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la IIIª Nominación, mediante la Oficina de Gestión Asociada de Sucesiones Nº 1, ordenó una amplia batería de medidas probatorias. Entre ellas, se dispusieron requerimientos de información a organismos clave como la AFIP y el Siprosa, además de la preservación de evidencia digital por un plazo de 180 días, con el objetivo de evitar la posible pérdida o alteración de datos relevantes.
Según surge de las actuaciones, la investigación apunta a determinar si Luz Médica habría continuado facturando prestaciones al PAMI mediante una operatoria que involucraría distintas razones sociales bajo un mismo nombre comercial, lo que podría haber alterado la composición real del patrimonio a dividir entre los herederos. En ese marco, el juzgado solicitó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) información detallada sobre la baja del sanatorio como prestador bajo un determinado CUIT y la eventual continuidad de la actividad con otra identificación tributaria.
Además, se requirió la remisión de todas las facturas emitidas por ambas razones sociales y los comprobantes de transferencias realizadas por el PAMI entre enero de 2019 y julio de 2024. El objetivo es reconstruir el flujo de fondos, identificar las prestaciones facturadas y analizar los convenios celebrados con el organismo nacional.
La causa también se nutrió de datos surgidos de una auditoría interna del PAMI, que a comienzos de este año resolvió rescindir el contrato que mantenía con Luz Médica en Tucumán. De acuerdo con la información incorporada al expediente, esa revisión habría detectado irregularidades que ya fueron denunciadas ante la Justicia y que involucrarían montos millonarios.
Aunque el reclamo judicial no se dirige formalmente contra el PAMI, el vínculo contractual entre el organismo y el sanatorio aparece como uno de los activos más sensibles del acervo hereditario. Por ese motivo, el juzgado solicitó también copias digitalizadas de eventuales denuncias administrativas realizadas por otros sanatorios contra Luz Médica. En respuesta, el PAMI informó que no se registraron presentaciones de ese tipo, aunque confirmó que Julio Luna firmó como presidente de la sociedad todos los contratos vigentes y remitió documentación contable que da cuenta de importantes erogaciones estatales.
En paralelo, la coheredera Marta Elena Luna impulsó distintos recursos judiciales, entre ellos una revocatoria con apelación subsidiaria contra una resolución que había rechazado una medida cautelar para impedir la administración del sanatorio. Tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara en lo Civil en Familia y Sucesiones desestimaron esos planteos al considerar que no existía un perjuicio irreparable.
Lejos de cerrarse, el conflicto se profundiza. Con las nuevas medidas ordenadas, la Justicia busca ahora determinar si existió una maniobra irregular que excede el ámbito sucesorio y podría derivar en responsabilidades de mayor alcance, tanto en el plano civil como en el penal y administrativo.
