La disputa por presunto contrabando que involucra a la influencer Valentina Olguín sumó un capítulo clave. El juez federal Guillermo Díaz Martínez rechazó el pedido de la defensa para trasladar el expediente a Buenos Aires y confirmó que la investigación continuará en Tucumán, donde se originaron los hechos bajo sospecha.
La resolución representa un revés judicial para Olguín y consolida la postura de la fiscalía tucumana, que desde el inicio sostuvo que el núcleo de las maniobras ocurrió en la provincia. El fiscal Agustín Chit fue categórico: parte de las operaciones se habrían gestionado desde Tucumán y uno de los CUIT utilizados sin autorización sería el del gobernador Osvaldo Jaldo, lo que convierte a la provincia en sede natural del expediente.
El origen del caso: compras simuladas y datos ajenos
La investigación comenzó cuando la Aduana detectó un patrón irregular en compras realizadas bajo el régimen de Courier, un sistema simplificado para pequeñas importaciones. Según la acusación, Olguín habría simulado envíos personales utilizando datos fiscales de gobernadores, entre ellos Jaldo, para ingresar indumentaria desde el exterior.
La maniobra encuadra, para la fiscalía, en contrabando por simulación, agravado por la multiplicidad de envíos, el volumen de la mercadería y la reiteración del esquema. La AFIP verificó que los titulares de los CUIT usados nunca autorizaron esas compras.
Cómo escaló la causa
- Primeras denuncias: La Aduana alertó sobre ingresos sospechosos ligados a influencers que comercializaban ropa importada sin registro.
- Cruce de datos: Aparecieron CUIT de gobernadores, lo que elevó la gravedad del caso.
- Intervención judicial: Se libraron oficios, allanamientos y peritajes sobre envíos, teléfonos y documentación vinculada a Olguín.
- Planteo de competencia: La defensa pidió trasladar la causa a Buenos Aires, pero la fiscalía sostuvo que el diseño de las maniobras se gestó en Tucumán.
Estrategia de la defensa y lo que viene
Tras el fallo adverso, la defensa de Olguín aún puede recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, a la Corte Suprema. Su argumento central es que no actuó con dolo y que algunas compras respondían a acuerdos publicitarios con marcas de moda.
Para la fiscalía, sin embargo, la cantidad de operaciones, la repetición del mecanismo y el uso de datos fiscales sin autorización constituyen indicios sólidos para avanzar hacia la acusación formal.
Impacto político y definición judicial
La causa trascendió el ámbito mediático y adquirió dimensión política por la aparición del CUIT del gobernador Jaldo y otros mandatarios. En Casa de Gobierno, el tema se sigue de cerca, aunque se evita interferir públicamente en la investigación.
Con la decisión de Díaz Martínez, Tucumán reafirma su competencia y su intención de llegar al fondo del caso. Por ahora, el escenario es claro: Valentina Olguín seguirá investigada en la provincia, donde el expediente se aproxima a una etapa decisiva.
