La crisis del transporte urbano en Tucumán sumó en las últimas semanas un nuevo frente de conflicto: el fuerte enfrentamiento entre Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), y el empresario Sergio Alejandro Gómez Sansone, titular de la Línea 8. El cruce, que ya trascendió el plano institucional, derivó en sanciones internas y denuncias de extrema gravedad.
El punto de quiebre fue la declaración de “persona no grata” impuesta por AETAT a Gómez Sansone, una medida que le prohíbe el acceso y la permanencia en la sede y en ámbitos formales de la entidad. La sanción, firmada el 2 de diciembre y ratificada por los socios al día siguiente, fue atribuida oficialmente a supuestas manifestaciones públicas agravantes del empresario contra la conducción de la asociación, en particular contra Berreta.
Lejos de aceptar la decisión, Gómez Sansone respondió con tres cartas documento en las que rechazó la sanción y acusó directamente al vicepresidente de AETAT de encabezar una represalia. Según sostuvo, el castigo está vinculado a sus críticas al manejo interno de la entidad y a su pedido de mayor transparencia en decisiones clave del sector.
Uno de los hechos más graves denunciados por el empresario es una presunta agresión física ocurrida durante una reunión institucional el pasado 28 de noviembre. En sus presentaciones formales, Gómez Sansone afirmó que Berreta lo habría agredido ante la presencia de testigos, episodio que, de confirmarse, podría tener consecuencias legales.
Además, el titular de la Línea 8 cuestionó duramente a la conducción de AETAT por presuntas irregularidades administrativas y financieras. Señaló la existencia de cheques que no habrían llegado a destino y firmas supuestamente falsificadas, y reclamó una auditoría integral de las cuentas de la asociación. También apuntó contra el proceso de contratación del sistema de boleto electrónico, al que calificó de apresurado y carente de transparencia.
En otra de sus presentaciones, Gómez Sansone notificó la revocación de las autorizaciones que permitían a AETAT actuar como agente de retención de fondos correspondientes a sus empresas, y exigió la transferencia completa de los montos adeudados con la documentación respaldatoria.
Desde AETAT, en tanto, respaldaron a Berreta y defendieron la sanción aplicada. Aseguraron que la medida se adoptó conforme a los estatutos y con aval de los órganos internos, y negaron que exista una interna personal o un acto de represalia. Respecto a la denuncia por agresión, desde la conducción sostuvieron que no hubo ningún episodio de violencia, aunque evitaron dar mayores precisiones.
El enfrentamiento entre Berreta y Gómez Sansone deja al descubierto una fuerte tensión interna dentro del empresariado del transporte tucumano, en un momento crítico para el sistema. Mientras uno denuncia prácticas irregulares y falta de transparencia, el otro y la conducción de AETAT hablan de ataques públicos y defensa institucional. El conflicto, por ahora, sigue abierto y amenaza con profundizar la crisis del sector.
