Hizo 105 transacciones por un total de 3.688.287 pesos. Algunas de las compras, todas pagadas con tarjetas de crédito y de débito, fueron hechas en locales a la calle; otras fueron operaciones en plataformas de juegos online y, finalmente, se adquirieron pasajes en avión. Pero los “plásticos” utilizados para abonar no eran propiedad de la compradora, sino que una estafadora utilizó los datos de las tarjetas de sus compañeras de trabajo, todas maestras de una escuela pública del barrio porteño de Boedo. La Justicia la busca. Ella, ahora, está en Europa.
Así surge de una investigación del fiscal Miguel Ángel Kessler, que encabeza la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N°5 porteña, especializada en Ciberfraudes.
Ante las pruebas reunidas, el representante del Ministerio Público de la Ciudad pidió la captura internacional de la sindicada estafadora, una maestra jardinera.

“El caso se inició a partir de la denuncia de un grupo de docentes de nivel inicial de una institución pública del barrio de Boedo. Las docentes comentaron entre ellas que habían detectado consumos reiterados y desmedidos a través de sus tarjetas de débito y crédito, situación que resultó común a varias de ellas. En la denuncia referían que habían detectado un patrón común dado por algunos de los lugares donde se realizaron consumos, que eran los mismos en todos los casos”, explicó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad en un comunicado de prensa.
El fiscal Kessler pidió la colaboración de detectives del Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, quienes, después de contactar a las víctimas, establecieron que se habían realizado 105 compras por un valor de $3.688.287, concretadas por medio del “robo de datos” de las tarjetas de crédito y de débito.
“Se hizo un análisis de cada una de las denuncias y se solicitó información a las entidades bancarias donde las víctimas eran clientas con el fin de ampliar el examen sobre las transacciones desconocidas. Asimismo, se realizó un mapeo de los comercios que permitió verificar la cercanía entre ellos”, se explicó en el citado comunicado de prensa.
Los detectives judiciales, al analizar la información obtenida, obtuvieron las cuentas bancarias asociadas a dos personas que habían hecho operaciones en dos plataformas de juego online: se trataba de los padres de una docente compañera de las víctimas. La sospechosa, en el momento de las estafas, hacía una suplencia en la escuela donde se desempeñan las damnificadas.