La reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional no solo propone un giro profundo en las relaciones de trabajo, sino que también encendió luces de alarma en las provincias por su impacto directo en las finanzas locales. Un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) cuantificó una de las principales preocupaciones de los gobernadores: la reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias incluida en el proyecto provocará una fuerte caída en los fondos coparticipables.
En ese escenario, Tucumán aparece entre las jurisdicciones más comprometidas. Según las proyecciones del Iaraf, la provincia sufriría una pérdida estimada de al menos $51.682 millones en 2027, año en el que el efecto fiscal de la medida se manifestaría en toda su magnitud. El recorte obligaría a la administración provincial a reconfigurar su presupuesto para compensar la merma de ingresos nacionales.
El ranking de provincias más afectadas ubica a Tucumán en una posición crítica. Solo Buenos Aires ($238.558 millones), Santa Fe ($97.087 millones) y Córdoba ($96.459 millones) registrarían pérdidas mayores en términos absolutos. Chaco y Entre Ríos completan el grupo de distritos más castigados, consolidando un mapa donde el Norte Grande y la zona núcleo absorben el mayor impacto del ajuste recaudatorio.
A nivel país, el costo fiscal de la reforma alcanza dimensiones sistémicas. El estudio estima que el Estado dejará de percibir $1,9 billones, de los cuales $1,12 billones corresponderán a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En contraste, la pérdida para la recaudación estrictamente nacional sería de $789.000 millones, lo que evidencia una distribución desigual del esfuerzo fiscal.
El nudo del conflicto está en la naturaleza del Impuesto a las Ganancias: se trata de un tributo nacional pero coparticipable, por lo que cualquier reducción impacta de lleno en la masa de fondos que se distribuye entre las jurisdicciones. Aunque el costo directo de la reforma representa el 0,22% del PBI, para las provincias ese porcentaje es clave para sostener áreas sensibles como salud, educación y seguridad.
Negociaciones aceleradas
El calendario legislativo agrega presión. Con dictamen de la Cámara Alta desde diciembre, el oficialismo apunta a tratar la ley el 10 de febrero. En la recta final, el “ruido” político con los gobernadores se intensificó, ante la percepción de que el avance de la reforma laboral implica un desfinanciamiento directo de los territorios.
La tensión se profundiza por un dato político: varias de las provincias más afectadas son consideradas aliadas del Gobierno nacional o acompañaron votaciones clave de la gestión de Javier Milei. Esta “paradoja del aliado” pone a prueba la cohesión del oficialismo y sus socios, frente a la necesidad de sostener la gobernabilidad local.
Pese a los reclamos, la hoja de ruta oficial no se modifica. Para el próximo viernes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la primera reunión del año de la mesa política con el objetivo de pulir el texto final. Desde Balcarce 50 ya adelantaron que no se esperan cambios sustanciales en el articulado consensuado en el Senado, cerrando la puerta —al menos por ahora— a correcciones que atenúen el impacto fiscal sobre las provincias.
