La Legislatura de Tucumán aprobó una nueva prórroga por tres años del régimen conclusional, en medio de fuertes críticas al funcionamiento de la Justicia y, en particular, al Ministerio Público Fiscal (MPF). La extensión, que llevará el sistema vigente hasta el 1 de septiembre de 2029, busca permitir que se resuelvan más de 14.000 causas pendientes del viejo Código Procesal Penal (CPP), entre ellas 14 homicidios, incluido el de Paulina Lebbos.
Según los datos oficiales, hay 3.398 causas consideradas de alta gravedad sin sentencia definitiva, además de 183 expedientes por abuso sexual, 40 vinculados a personas privadas de la libertad y más de 1.500 robos agravados. El régimen especial había sido creado para evitar la impunidad de estos casos tras la implementación del nuevo sistema penal adversarial en 2020, pero ya había sido prorrogado en 2022 y ahora se extendió nuevamente.
El presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, Carlos Najar, defendió la medida al señalar que “subsiste un volumen significativo de causas que no ha alcanzado una sentencia definitiva” y sostuvo que atender el pedido de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) “no implica un retroceso, sino dotar de herramientas para evitar soluciones improvisadas”.
Cuestionamientos a los jueces subrogantes
Desde la oposición, el legislador Agustín Romano Norri advirtió que la prórroga, en los hechos, prolonga hasta 2029 la actuación de jueces subrogantes designados por el Poder Ejecutivo. “Estos jueces no gozan de independencia y muchos terminaron siendo premiados con juzgados o cámaras después de dictar fallos que perjudicaron a sectores de la oposición”, afirmó.
El radical también recordó que el gobernador Osvaldo Jaldo tiene casi 60 ternas disponibles para cubrir cargos judiciales vacantes y pidió que se avance con esos nombramientos para mejorar el servicio de Justicia.
Duras críticas al Ministerio Público Fiscal
Uno de los momentos más tensos del debate se dio cuando la legisladora Silvia Elías de Pérez apuntó directamente contra el jefe del MPF, Edmundo Jiménez. “Una Justicia lenta no es justicia. El ministro público fiscal debería dejar de jugar a la política y dedicarse a terminar estas causas”, sostuvo, aunque adelantó que acompañaría la prórroga por las más de 14.000 personas que esperan una resolución judicial.
En la misma línea, el legislador Hugo Ledesma se abstuvo en la votación pero responsabilizó al MPF por las demoras, cuestionando especialmente la designación discrecional de fiscales auxiliares.
Reclamos por falta de control
El único voto negativo fue el del legislador Walter Berarducci, quien rechazó la extensión por tres años y advirtió que el sistema, pensado como excepcional, ya se habrá prolongado por nueve años. También denunció que no se cumplen los informes semestrales que el Poder Judicial debe enviar a la Legislatura para rendir cuentas sobre el avance de las causas.
Además, cuestionó que se otorgue al presidente de la Corte, Daniel Leiva, la facultad de redistribuir las causas entre las unidades conclusionales. “Le estamos dando una facultad que roza lo inconstitucional”, advirtió.
El caso Lebbos como símbolo
Desde el oficialismo, Gerónimo Vargas Aignasse reconoció el fracaso del viejo sistema penal y sostuvo que el Fuero Conclusional es una muestra de ese colapso. “Tenemos jueces haciendo arqueología penal en miles de expedientes con testigos, víctimas y acusados muertos”, expresó.
El legislador defendió la prórroga con un argumento central: “Si no prorrogamos el Fuero Conclusional, Alberto Lebbos no va a tener el juicio por el asesinato de su hija. Por eso, y por muchas víctimas más, necesitamos que este sistema siga vigente”.
La decisión legislativa vuelve a poner en el centro del debate la crisis del sistema judicial tucumano, la demora en la resolución de causas graves y la presión social por justicia en casos emblemáticos como el de Paulina Lebbos, que lleva casi dos décadas sin una sentencia firme.
