La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por la defensa del exgobernador de Tucumán, José Jorge Alperovich, y dejó firme la decisión de encarcelarlo tras haber sido condenado a 16 años de prisión por abuso sexual agravado.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron “inadmisible” el recurso extraordinario presentado por los abogados del exmandatario tucumano. La defensa buscaba revertir la decisión que le negó la excarcelación tras el fallo condenatorio, pero el planteo fue rechazado por el máximo tribunal del país, por lo que Alperovich seguirá con prisión domiciliaria en su departamento de Puerto Madero en CABA.
El 18 de junio de 2024, el Tribunal Oral N°29, bajo la conducción unipersonal del juez Ramos Padilla, declaró a Alperovich culpable de tres hechos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado con acceso carnal, perpetrados entre 2017 y 2018. Esa misma noche, el magistrado ordenó su inmediata detención y prisión preventiva.
Actualmente, Alperovich se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en un departamento de Puerto Madero, amparado en razones de salud.
Riesgo de fuga y presión sobre testigos
Durante el juicio, el fiscal Sandro Abraldes se opuso a cualquier beneficio de excarcelación, argumentando que el acusado “cuenta con sobrados medios económicos y relaciones de poder”, y que varios testigos habrían mentido en su declaración para favorecerlo. Según el fiscal, esto aumenta el riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso judicial.
El juez Ramos Padilla compartió esa visión y ratificó la prisión preventiva, señalando que las pruebas eran “sólidas, precisas y concordantes”, y advirtió sobre la posibilidad de que el condenado intente eludir la acción de la Justicia.
La defensa alegó que se violó la presunción de inocencia y que la capacidad económica del imputado no justifica, por sí sola, una prisión preventiva. Sin embargo, la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el planteo, entendiendo que los argumentos no eran suficientes para contrarrestar los fundamentos del juez de primera instancia ni el riesgo procesal señalado.
Tras este revés, los abogados del exgobernador presentaron un recurso extraordinario que fue elevado a la Corte Suprema. No obstante, el máximo tribunal rechazó la queja sin tratar el fondo del asunto, confirmando así la decisión de mantener a Alperovich privado de su libertad mientras se sustancian las instancias de apelación de la condena.
El caso
La denuncia contra Alperovich fue presentada en 2019 por una sobrina suya, 35 años menor, quien se desempeñaba como asistente suya durante la campaña electoral de 2019, en la que él aspiraba a un nuevo mandato como gobernador de Tucumán.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 en distintos lugares: San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y un departamento de Puerto Madero. Ese último es el mismo inmueble donde actualmente cumple arresto domiciliario.
Según la acusación, los abusos se perpetraron mediante intimidación y aprovechamiento de una relación de dependencia y poder. En su alegato final, el fiscal sostuvo que Alperovich “avasalló totalmente a la víctima, la convirtió en un objeto de su placer sexual”.
En los fundamentos de la condena, el tribunal afirmó que “medió violencia, abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad y de poder, aprovechándose de que la víctima no haya podido consentir los actos». Y remata con una argumentación sólida: «Alperovich abusó de su sobrina segunda, valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella. Él era su jefe, detentaba un poder político de inmensa magnitud en la Provincia”.
Mientras espera que la Cámara de Casación resuelva si confirma o revoca su condena, Alperovich sigue detenido en un departamento de Puerto Madero, donde convive con su pareja, la exparticipante de Gran Hermano, Marianela Mirra, con quien estaría esperando un hijo.
El juez Ramos Padilla le otorgó la prisión domiciliaria luego de un año en la cárcel de Ezeiza tras considerar que después de ese tiempo habían cesado los riesgos tras internalizar la condena.
Para la domiciliaria, el juez le impuso el uso de una tobillera electrónica y el pago de una caución de 400 millones de pesos.
