La Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmó las condenas contra 11 policías que, entre el 8 y el 10 de diciembre de 2013, se alzaron en armas, bloquearon la Subjefatura, retiraron patrulleros y paralizaron el servicio de emergencias 911. El tribunal rechazó los recursos de las defensas y calificó el hecho como “sedición agravada”, un atentado directo contra el orden democrático.
Durante el acuartelamiento, la ausencia de autoridad generó saqueos, barricadas y un clima de pánico social. Vecinos organizaron rondas de vigilancia ante la parálisis estatal. El fallo remarca que los policías utilizaron el poder de fuego del Estado para presionar políticamente, excediendo cualquier marco gremial.
Las penas incluyeron prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Entre los condenados figuran Carlos Zaragoza (4 años y 6 meses), Diego Urquiza (3 años y 6 meses), Federico Castro (5 años y 6 meses), Diego Herrera (5 años y 8 meses), y Carlos Reyna (3 años), además de seis efectivos con condenas condicionales.
Los jueces descartaron el argumento de “simple reclamo salarial” y remarcaron que no existe derecho de huelga armado en las fuerzas de seguridad. “Aceptar esa tesis equivaldría a tolerar que quienes deben garantizar el orden constitucional puedan suspenderlo a discreción mediante el uso de la fuerza”, sentenció la Corte.
El proceso judicial se extendió durante 87 audiencias, con casi 200 testigos. La sentencia marca un hito en la jurisprudencia tucumana y delimita el marco legal de las protestas en cuerpos armados.
