La firma Terminal del Tucumán SA inició un nuevo reclamo judicial por casi $1.500 millones, que se suma a un juicio anterior por $183 millones. El conflicto surge a raíz de los llamados “toques de andén”, pagos que la concesionaria asegura no haber recibido por incumplimientos de las empresas de ómnibus. Según la compañía, el Estado debía garantizar la obligación de ingreso de los colectivos y aplicar medidas coercitivas para cumplir con los servicios programados.
El primer juicio, iniciado en 2006 y fallado en 2017, ya estableció el pago de $183 millones, pero la empresa sostiene que la actualización de intereses y otros conceptos eleva la suma a $1.462 millones. La Provincia rechazó este cálculo y comunicó que abonará la indemnización reconocida en 2026, según lo estipulado por el Registro de Sentencias Condenatorias.
Otro proceso judicial en curso
En paralelo, Terminal del Tucumán SA presentó un segundo juicio en 2022, expediente 655/22, donde reclama $2.606 millones. La demanda surge de la diferencia entre la facturación garantizada y la real por los toques de andén entre 2017 y 2024. La Provincia ya rechazó la pericia contable presentada por la concesionaria, solicitando su impugnación ante la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Este nuevo proceso se encuentra en etapa de pruebas, mientras el Gobierno continúa defendiendo la legalidad de la suma previamente establecida. El Ejecutivo insiste en que la base de $183 millones actualizada es la correcta y suficiente según la sentencia firme.
Licitación del predio y futuro del servicio
Más allá del litigio, la Provincia notificó a la concesionaria que deberá entregar el predio de la Terminal de Ómnibus el 27 de octubre. El Gobierno proyecta licitar la explotación del inmueble en el Parque 9 de Julio, estableciendo una inversión mínima de 10 millones de dólares para los interesados.
El objetivo es garantizar un servicio moderno y eficiente, mientras se resuelven los reclamos judiciales. Sin embargo, la demanda por $1.462 millones genera preocupación en la Casa de Gobierno, ya que se trata de una cifra mucho mayor a la reconocida por la Justicia en el primer fallo.
