La Confederación General del Trabajo (CGT) activó en los últimos días una ofensiva política para intentar frenar o, al menos, modificar los artículos más sensibles de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que el oficialismo busca aprobar en febrero. La estrategia combina negociaciones con el Ejecutivo, gestiones con gobernadores y contactos directos con diputados y senadores.
Si bien dentro de la central sindical reconocen que la aprobación del proyecto es probable, el objetivo inmediato es limitar su alcance y evitar cambios que consideran una amenaza directa al modelo sindical argentino. En ese marco, los dirigentes apuntan a eliminar disposiciones sobre el financiamiento gremial, el derecho a huelga y la prioridad de los convenios por empresa sobre los convenios por actividad.
Negociaciones con el Gobierno y advertencias
En el plano institucional, la CGT mantiene canales abiertos con el Ministerio del Interior y con funcionarios del área laboral. Sin embargo, la desconfianza es alta. Entre los puntos que generan mayor rechazo se encuentran los límites al cobro de cuotas sindicales, los cambios en la base de cálculo de las indemnizaciones, la ampliación de las actividades consideradas esenciales —que restringirían el derecho a huelga— y la exclusión de conceptos como el aguinaldo del salario indemnizable.
Jorge Sola, integrante del triunvirato que conduce la central, lanzó una dura advertencia sobre el rumbo del proyecto. “Van a tener muchos líos. Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo”, afirmó. Desde la CGT ya adelantaron que, en caso de aprobarse la norma tal como está redactada, será judicializada.
Como alternativa, la central sindical impulsa una propuesta propia enfocada en menores de 30 años, que busca facilitar la contratación laboral y estimular la creación de empleo sin modificar los derechos adquiridos de los trabajadores registrados.
Los gobernadores, actores clave
La estrategia sindical no se limita al Gobierno nacional. La CGT desplegó un trabajo político silencioso con gobernadores y legisladores de distintos espacios, conscientes de que los mandatarios provinciales influyen de manera decisiva en el voto de sus bancadas en el Congreso.
“Hubo un trabajo silencioso y productivo con gobernadores, senadores y diputados de todos los sectores políticos para explicar las consecuencias de este proyecto”, señaló Sola. Según los sindicalistas, existe receptividad a sus planteos, incluso entre dirigentes que respaldan al Ejecutivo en otras iniciativas.
El objetivo es frenar los votos necesarios para aprobar los artículos más conflictivos o forzar modificaciones que atenúen el impacto de la reforma sobre el sistema sindical y las condiciones laborales.
El Gobierno también acelera
Mientras la CGT mueve sus fichas, el oficialismo refuerza su ofensiva política. El ministro del Interior, Diego Santilli, inició una gira por las provincias para asegurar respaldos a la reforma. Esta semana viajará a Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio Torres, y tiene previstas reuniones con Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan).
El Ejecutivo apuesta a que el respaldo de los gobernadores permita asegurar los votos necesarios en ambas cámaras y avanzar con una de las reformas estructurales más ambiciosas de su programa.
Con el calendario legislativo en marcha y febrero como mes clave, la reforma laboral se encamina a convertirse en uno de los principales campos de batalla política del año, con el sindicalismo, los gobernadores y el Gobierno disputando cada voto y cada artículo del proyecto.
