El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2025. La presentación se realizará ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que será la encargada de revisar la decisión firmada por el juez Adrián González Charvay.
Desde la Casa Rosada cuestionaron con dureza la sentencia y sostuvieron que el magistrado incurrió en una “invasión” de las facultades propias del Poder Ejecutivo, particularmente en lo referido a la administración del presupuesto y al ordenamiento de las cuentas públicas. Según el Gobierno, aplicar la ley sin partidas presupuestarias específicas pondría en riesgo el equilibrio fiscal.
El fallo judicial hizo lugar a un amparo colectivo presentado por padres de niños con Certificado Único de Discapacidad, con el acompañamiento de organizaciones del sector. Los demandantes advirtieron que la paralización de la ley, derivada del decreto presidencial, dejó sin cobertura a miles de personas y profundizó la crisis del sistema de prestaciones.
En su resolución, el juez González Charvay consideró que el artículo 2 del DNU 681/2025 es “inválido en todos sus aspectos”, al contradecir el procedimiento constitucional de promulgación previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional. En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo “excedió de forma manifiesta sus facultades” al intentar suspender una ley aprobada por insistencia del Congreso y vigente por mandato constitucional.
Uno de los puntos más controvertidos del fallo fue el rechazo a los argumentos fiscales presentados por el Ministerio de Salud. El magistrado señaló que la Jefatura de Gabinete realizó más de 19 reasignaciones presupuestarias desde diciembre de 2023 y que nada impedía utilizar esa misma herramienta para aplicar la ley, aun cuando el Congreso no hubiera previsto partidas específicas en el Presupuesto 2026.
Desde el Ejecutivo rechazaron esa interpretación. Argumentaron que la emergencia en discapacidad, establecida por la Ley 27.793 hasta 2027, requiere un respaldo financiero concreto que el Congreso no definió, y advirtieron que reasignar fondos sin un marco presupuestario claro podría afectar programas prioritarios y comprometer la estabilidad fiscal.
La relación entre el Gobierno y el juez González Charvay ya venía marcada por tensiones. En agosto, el magistrado había declarado inválido otro decreto presidencial que rechazaba una ley destinada a incrementar los fondos para las prestaciones que brinda la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En ese contexto, en Balcarce 50 no descartan avanzar con una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
Mientras los equipos jurídicos trabajan en la apelación, en el oficialismo analizan los escenarios que podría abrir el fallo si la Cámara de San Martín lo confirma. En despachos oficiales admiten que, de ser necesario, el Gobierno llevará la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia.
