En un fallo que promete encender la polémica en el ámbito legal, la Justicia Federal rechazó el primer intento por frenar el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructuró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La resolución ratifica, al menos por ahora, las nuevas facultades operativas del organismo, que incluyen la capacidad de realizar aprehensiones sin necesidad de una orden judicial.
El juez federal de Paraná, Daniel Alonso, desestimó un hábeas corpus preventivo presentado por un grupo de abogados (vinculados a la UCR). Los letrados argumentaban que la normativa representaba una «amenaza latente» contra la libertad de los ciudadanos. Sin embargo, el magistrado fue tajante: consideró que no existe un peligro «concreto e inminente» que justifique suspender el decreto de forma urgente.
Los argumentos del Juez
Para Alonso, el planteo de los abogados se basó en hipótesis abstractas. Según el fallo, no se demostraron situaciones reales donde las nuevas atribuciones de la SIDE hayan derivado en detenciones arbitrarias. Por este motivo, el juez rechazó la acción in limine (sin darle trámite), aunque el expediente ya fue elevado a la Cámara Federal de Paraná, que tendrá la última palabra en las próximas 24 horas.
Un decreto bajo la lupa
El DNU, firmado el pasado 31 de diciembre, no solo reorganizó el sistema de inteligencia, sino que introdujo un cambio sustancial en la seguridad interior: permite que los agentes de inteligencia actúen directamente en la vía pública realizando detenciones en el marco de sus funciones.
Este es el primer pronunciamiento judicial de fondo sobre una norma que ha generado una lluvia de amparos en todo el país. Mientras la oposición califica la medida como un «riesgo institucional», el Gobierno Nacional celebra este primer round judicial que mantiene firme su política de seguridad e inteligencia.
