La Justicia provincial rechazó de manera categórica la demanda presentada por la intendenta Rossana Chahla contra el creador de contenido «Alan Paredes» ( cuyo nombre real es Alan Kyle Walls), denunciado por presunta utilización de su imagen mediante deepfakes y uso indebido de datos biométricos.
El juez determinó que no se acreditó intimidación, violencia, difamación ni uso comercial de la imagen de la jefa municipal. Los videos cuestionados constituyen opiniones, sátiras o críticas, protegidas por el debate democrático, especialmente tratándose de una figura pública, según la doctrina de la Corte Suprema. La demanda, señaló el tribunal, buscaba una censura previa, incompatible con los estándares constitucionales de libertad de expresión.

Un llamado de atención sobre el daño tecnológico
El fallo reconoce que, de los videos revisados, “podría surgir” el uso de inteligencia artificial por parte de Walls. Por ello, ordena que en adelante etiquete obligatoriamente cualquier contenido creado con IA, señalando que estas herramientas representan un riesgo real en la construcción de percepciones públicas.
Aunque la vía procesal elegida no permitió avanzar con la medida solicitada por Chahla, el caso instaló la discusión sobre violencia digital, protección de datos biométricos y derecho a la identidad digital, especialmente relevante para mujeres en cargos públicos.
Costas y consecuencias económicas
El fallo impone todas las costas del proceso a Chahla. Los honorarios de los abogados se fijaron en:
- $560.000 para cada uno de los dos abogados de Walls.
- $868.000 para el abogado de Chahla, incluyendo un incremento del 55% por actuación en doble carácter.
En total, la intendenta deberá afrontar aproximadamente $1.988.000, cifra cercana a $2 millones, sin incluir la futura planilla fiscal que ordenó el tribunal.
Debate abierto sobre tecnología y reputación
El rechazo de la medida deja un precedente significativo: la necesidad de regular y controlar el uso de herramientas digitales que pueden dañar reputaciones, manipular información y distorsionar la discusión democrática. La presentación de Chahla, aunque sin éxito, logró situar en el centro del debate judicial los desafíos que plantea la era digital.




