El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, deberá presentarse este jueves en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir la condena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta en el marco del segundo juicio por la tragedia ferroviaria de Once. La Corte Suprema dejó firme la sentencia esta semana, y el Tribunal Oral Federal N° 4 rechazó el pedido de su defensa para evitar la detención.
La resolución fue firmada por los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero, quienes consideraron que no existen condiciones legales para suspender la ejecución de la pena. De Vido, de 75 años, también solicitó acceder a un régimen de prisión domiciliaria, pero esa solicitud aún no fue resuelta.
Argumentos rechazados y condiciones legales
El abogado defensor Maximiliano Rusconi había presentado un recurso de reposición ante la Corte Suprema para que revisara el fallo, y pidió suspender la detención hasta que se resolviera. Sin embargo, el TOF N° 4 respondió que solo dos situaciones permiten suspender una condena efectiva: embarazo o maternidad reciente, y enfermedad grave certificada por peritos oficiales. “La defensa persigue una suspensión de facto de la ejecución de una sentencia firme, carente de receptación normativa”, afirmaron los jueces.
Condena por la tragedia de Once
De Vido fue condenado por no controlar el uso de fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA), lo que derivó en la tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012, que dejó 52 muertos y más de 700 heridos. Fue absuelto por el delito de estrago culposo, pero recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Antecedentes y causas pendientes
No es la primera vez que De Vido queda detenido. En 2017 fue arrestado por el caso Río Turbio tras perder sus fueros como diputado. Estuvo en la cárcel de Marcos Paz y luego con prisión domiciliaria hasta marzo de 2020.
Además de la condena por Once, el exministro fue declarado culpable en primera instancia por irregularidades en la compra de buques de GNL y por la adquisición de trenes chatarra a España y Portugal. Ambos casos también le valieron penas de cuatro años.
Su agenda judicial incluye procesos en curso como la causa Cuadernos, que acaba de iniciar, y el caso Skanska, donde el fiscal Abel Córdoba pidió cinco años de prisión.
