En una conferencia de prensa realizada este lunes, el interventor de la Caja Popular de Ahorros, José César Díaz, respondió a las denuncias del Tribunal de Cuentas de Tucumán, que lo acusa de irregularidades en aportes al SIPROSA y en la entrega de mercadería al Ministerio de Desarrollo Social. Díaz negó los cargos, defendió la transparencia de su gestión y denunció una “batalla institucional” entre organismos estatales.
Según Díaz, las imputaciones surgieron luego de que la Caja abriera un sumario que involucraba a un familiar del presidente del Tribunal de Cuentas, lo que habría desatado una escalada de tensiones. “Existe una enemistad manifiesta”, afirmó el funcionario, quien detalló que la institución fue sometida a casi 70 auditorías en los últimos años, además de mantener controles internos y externos bajo normas ISO y publicar balances ordenados.
El reclamo del SIPROSA y la denuncia por abuso de poder
Uno de los puntos más controvertidos es el reclamo del SIPROSA, que sostiene que la Caja Popular adeuda $3.381 millones. Díaz aseguró que esa cifra se basa en un cálculo erróneo realizado por funcionarios del propio SIPROSA, y que por ese motivo se presentó una denuncia por abuso de poder.
También se refirió a la cancelación del proyecto del centro TEA, que quedó suspendido luego de que el Tribunal de Cuentas cuestionara la validez del acuerdo que había iniciado el proceso.
Mercadería, convenios y misión institucional
La segunda denuncia del Tribunal apunta a una supuesta maniobra irregular en la entrega de mercadería al Ministerio de Desarrollo Social, por un presunto perjuicio patrimonial de $26,7 millones. Díaz negó que existiera delito o daño económico y explicó que se trató de una operatoria social enmarcada en la misión institucional de la Caja. Aclaró que no hubo convenio formal porque no era necesario entre dos organismos estatales, y que ningún funcionario del Ministerio lo exigió.
Defensa de la institucionalidad
Durante su exposición, Díaz insistió en que la Caja Popular rindió cuentas y se encuentra bajo escrutinio técnico y financiero permanente. Advirtió que no permitirá abusos de autoridad y que llevará el conflicto a los fueros correspondientes. “La institucionalidad de la Caja Popular está plenamente resguardada”, concluyó.
