El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso la extensión de los plazos de pago para contribuyentes con deudas ante la Dirección General de Rentas de Tucumán, con el objetivo de evitar embargos en cuentas corrientes y brindar alivio al sector privado. La medida fue anunciada este martes por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, mediante el Decreto N°2.255/3, junto al presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales.
La nueva disposición establece que, ante una deuda tributaria, Rentas deberá notificar previamente al contribuyente antes de iniciar un embargo, otorgando cinco días adicionales para regularizar la situación. “Cuando un contribuyente tiene una deuda, los apoderados fiscales están facultados para embargar cuentas. Con este decreto eso cambia: se notificará previamente y se extenderá el plazo de pago”, explicó Abad.
La decisión responde a un pedido de la FET, que alertó sobre el impacto negativo de los embargos automáticos en el funcionamiento de las empresas. “El embargo de una cuenta corriente afecta el giro comercial. Si hay cheques diferidos o pagos inmediatos, se genera un perjuicio muy grande”, señaló el ministro. Además, destacó que esta medida representa “un alivio concreto” en un contexto de estancamiento económico que, según anticipó, “va a durar un tiempo”.
El Estado provincial destina anualmente alrededor de $40.000 millones —unos USD 40 millones— en beneficios fiscales para el sector privado, incluyendo reducciones de alícuotas, exenciones tributarias y estímulos a la producción, la actividad primaria y ciertos servicios e industrias. “Gobernar es crear trabajo, que el sector privado haga lo suyo y que el Estado preste los servicios básicos como corresponde”, afirmó Abad.
Por su parte, Héctor Viñuales explicó que la solicitud surgió en la Comisión de Impuestos de la FET, tras el planteo de distintas cámaras comerciales, empresariales e industriales. “En este contexto de recesión, un embargo sin previo aviso generaba incertidumbre. Planteamos al Gobierno que se notificara previamente para permitir llegar a un acuerdo o proponer un plan de pago”, indicó.
Viñuales recordó que el embargo está previsto en el Código Tributario, pero que el decreto “brinda una herramienta y un alivio a los contribuyentes”. También criticó la eliminación de la Secretaría de Pyme a nivel nacional, que pasó a ser una dirección. “No es un buen mensaje. Las pymes representan el 70% del PBI y el 85% del empleo. En vez de restar herramientas, debemos sumar. Esta medida del Gobierno de Tucumán ayuda en este momento complejo”, concluyó.
