La Justicia Federal avanza en una investigación por una presunta asociación ilícita tributaria que habría operado durante más de 13 años alrededor del Ingenio La Trinidad. Según un dictamen del Ministerio Público Fiscal (MPF), un conglomerado de empresas y directivos del sector azucarero habría diseñado maniobras de evasión impositiva, apropiación de aportes previsionales de trabajadores y vaciamiento de sociedades. De confirmarse, los acusados enfrentarían penas de entre tres años y medio y diez años de prisión.
Un esquema que habría funcionado por más de una década
La causa se inició tras repetidas fiscalizaciones de la AFIP y procedimientos penales previos que revelaron un presunto patrón de evasión tributaria y previsional vinculado a la explotación del ingenio. Para el MPF, “los hechos denotan la existencia de un grupo de personas humanas y jurídicas que, al menos desde 2011, se dedica a evadir obligaciones tributarias y previsionales”.
El mecanismo investigado se habría basado en la rotación sucesiva de sociedades que asumían formalmente el manejo del ingenio. Durante un período acotado registraban empleados, ventas y actividad comercial, y luego quedaban sin ingresos ni cumplimiento fiscal, hasta ser reemplazadas por otra firma del mismo grupo.
Las empresas y los montos bajo la lupa
El dictamen identifica como parte del conglomerado investigado a Mijasi SRL, Azucarera del Sur SRL, Anzuc SRL, Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA. Todas están vinculadas a la producción y comercialización de azúcar.
Los investigadores remarcan que las compañías, tras un lapso de actividad, quedaban “vaciadas” y dejaban de cumplir obligaciones impositivas. En algunos períodos, los montos presuntamente evadidos por IVA y Ganancias superan los $93 millones en 2017 y $109 millones en 2018 solo en el caso de Los Chaguares SA. A esto se suman cifras millonarias en retenciones previsionales no ingresadas.
Entre los imputados figuran Ricardo Sixto Ansonnaud, Fabio Enrique Seoane, un hombre fallecido recientemente, dos empleados y las empresas señaladas.
La acusación: asociación ilícita tributaria
La figura penal aplicada es la de asociación ilícita tributaria, prevista en el artículo 15 inciso “c” de la Ley Penal Tributaria. Se trata de un delito autónomo, que se configura por el solo hecho de integrar una organización destinada a cometer delitos fiscales, sin requerir la consumación de cada uno de ellos.
El MPF señala al contador Ansonnaud como uno de los organizadores del esquema. Según el dictamen, tuvo un rol clave en decisiones vinculadas a la explotación del ingenio y ocupó cargos como beneficiario fiduciario, socio gerente y vicepresidente en distintas firmas del conglomerado. Su formación profesional, remarcan, agrava la valoración de su conducta.
Seoane es señalado como organizador operativo y habría ejercido la presidencia de Los Chaguares SA y la gerencia de Mijasi SRL y Anzuc SRL.
Retenciones, subregistración y otras maniobras
La acusación incluye la presunta apropiación de aportes previsionales de empleados. La AFIP detectó, solo en Los Chaguares SA, montos no ingresados que alcanzaron casi $2 millones en julio de 2017 y más de $3 millones en junio de 2019. Además, se habría registrado subdeclaración de horas trabajadas y créditos fiscales inexistentes.
El dictamen también señala el uso de socios sin capacidad económica que figuraban retirando azúcar del ingenio, lo que para los investigadores constituye otra evidencia del presunto esquema.
La Procelac, organismo especializado en criminalidad económica, participa del caso debido a su complejidad patrimonial, lo que podría incluir el análisis de eventuales maniobras de lavado, desvío o vaciamiento de activos.
El MPF solicitó medidas cautelares para asegurar bienes susceptibles de decomiso.
Los acusados ya fueron indagados y ahora la Justicia debe resolver si dicta los procesamientos.
La defensa: “Es una investigación absurda”
Arnaldo Ahumada, abogado de Sixto Ansonnaud y de las firmas involucradas, rechazó contundentemente la acusación. Aseguró que su defendido “no debe absolutamente nada” y que todas las obligaciones tributarias están incluidas en planes de moratoria y blanqueo aprobados tanto por el Ministerio Público como por la ARCA.
El letrado planteó la nulidad de la indagatoria y cuestionó lo que calificó como una contradicción del Estado: “Si me acusan de integrar una asociación ilícita, no pueden seguir cobrando la moratoria. Es incoherente”. Y agregó que la causa avanza pese a que la fiscalía antes había convalidado la suspensión de la acción penal hasta completar los pagos.
Ahumada habló de una actuación “escandalosa”, sugirió posibles motivaciones políticas o internas detrás de la investigación y sostuvo que la figura de asociación ilícita “es casi incomprobable”. También señaló que la causa generó consecuencias graves, como la prohibición de salida del país para su defendido.
“Es totalmente incomprensible”, concluyó.
