Walter “Petiso David” Lobo atraviesa un complejo presente judicial. En poco más de un año pasó de aparecer mencionado en crónicas policiales a quedar procesado por tráfico de drogas y, ahora, a ser investigado por lavado de activos junto a otros ocho integrantes del clan conocido como “Los Gardelitos”.
La investigación está a cargo del fiscal federal Agustín Chit, quien tras más de dos años de trabajo logró reconstruir un intrincado entramado financiero que habría funcionado durante más de una década. Según consta en el expediente, “al menos desde el año 2012 y hasta 2025”, Lobo habría introducido y hecho circular en el mercado legal bienes y activos provenientes de actividades ilícitas, como el comercio de estupefacientes y la usura, por un monto estimado en $500 millones.
Una red familiar bajo la lupa
De acuerdo con la pesquisa, coordinada por la auxiliar fiscal Julieta Vitar, el presunto esquema de lavado se habría sostenido a través del entorno familiar más cercano de Lobo. Entre los investigados figuran su ex mujer, María Valeria Linch; sus hijos Giselle Rocío, Abel David, Román y Katya Priscila; y su madre, Mercedes Zulema Galván, señalada como la matriarca del clan.
El fiscal sostuvo que el grupo habría conformado una red de transferencias, compras y movimientos financieros que “superan ampliamente los ingresos declarados”, lo que permitió advertir una marcada incongruencia entre el nivel de vida que llevaban y los recursos formalmente registrados. Varios de los señalados fueron o son empleados de la administración pública, aunque por el momento no trascendió en qué reparticiones se desempeñaban.
Bienes, viajes y billeteras virtuales
Según fuentes judiciales, la organización adquirió vehículos de alta gama, contrató numerosas pólizas de seguro y realizó viajes a destinos internacionales como Brasil, México, Italia, Qatar, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia y Ecuador, entre otros.
Para concretar las maniobras, los imputados habrían utilizado billeteras virtuales y cuentas bancarias en las que recibían y transferían montos millonarios entre sí y con terceros, tanto dentro como fuera del país, sin documentación ni actividad declarada que justificara el origen de los fondos.
Uno de los ejemplos citados en la causa señala que la actual pareja de Lobo registró movimientos financieros por $300 millones en apenas tres años, pese a figurar únicamente como empleada pública provincial. La investigación también detectó vínculos cruzados de dinero entre los distintos integrantes del grupo familiar, conformando un circuito cerrado destinado a ocultar o legitimar los fondos, con Lobo como principal generador y beneficiario.
Antecedentes y causas previas
El “Petiso David” sufrió un duro golpe en diciembre pasado, cuando quedaron al descubierto sus presuntos vínculos con el narcotráfico en un episodio inédito para la historia policial tucumana. Durante un partido en el estadio de San Martín, Ángel “El Mono” Ale ordenó colgar una bandera en la que lo señalaba públicamente como vinculado al tráfico de drogas. Lobo negó categóricamente esas acusaciones en una entrevista periodística.
Meses después, el fiscal de la Justicia ordinaria Mariano Fernández dispuso allanamientos en el marco de una causa por un tiroteo que involucró a Facundo Ale, hijo de “El Mono” Ale, y a Javier “Chuky” Casanova, señalado como presunto socio de Lobo. En uno de los procedimientos, realizados en la vivienda del acusado, la Policía secuestró cinco kilos de marihuana.
Tras permanecer prófugo durante varios días, Lobo se entregó luego de que el Gobierno ofreciera una recompensa de $30 millones para quien aportara información que permitiera su captura. Tanto él como sus familiares negaron la pertenencia de la droga y denunciaron que había sido “plantada”. Semanas atrás, allegados suyos protagonizaron una protesta en los tribunales federales para reclamar mejores condiciones de detención en el penal de Benjamín Paz, donde permanece alojado.
Allanamientos y secuestros
Lo que no se conocía públicamente era que el fiscal Chit llevaba al menos dos años desarrollando una investigación paralela por lavado de activos. En ese marco, ayer y bajo un estricto hermetismo, personal del Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Narcotráfico, dependiente de la Policía Federal Argentina, realizó una serie de allanamientos autorizados por el juez federal José Manuel Díaz Vélez.
Durante los procedimientos se secuestraron dinero en efectivo, vehículos, teléfonos celulares, computadoras, pasaportes, dispositivos electrónicos y documentación financiera y patrimonial, entre otros elementos considerados de interés para la causa. No se descarta que en las próximas horas se dispongan nuevas medidas.
“En conjunto, las maniobras evidencian una estructura familiar dedicada a administrar, hacer circular y disfrutar del dinero proveniente del comercio de estupefacientes, utilizando canales formales e informales para simular un origen lícito y sostener un nivel de vida incompatible con sus ingresos reales”, concluyó el representante del Ministerio Público.
