El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) inició una investigación administrativa que se tramita en paralelo con una causa penal, tras una denuncia contra un empleado del organismo que, según trascendió, habría prometido la adjudicación de casas sociales al menos a tres familias. El caso fue puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas, que tomó intervención a través del acuerdo 5.569/25, firmado el 4 de este mes.
En ese contexto, el interventor del IPVyDU, Hugo Cabral, advirtió sobre maniobras fraudulentas vinculadas a supuestos gestores. “Estamos advirtiendo permanentemente que los trámites son gratuitos y se hacen en el propio instituto o a través de la página web ipvtuc.gob.ar. Lamentablemente aparecen falsos gestores y se aprovechan de la necesidad de la gente”, explicó el funcionario.
La investigación administrativa fue dispuesta a comienzos de noviembre mediante la resolución 4.462, que ordenó la apertura del sumario “a los efectos de establecer la veracidad de los hechos denunciados, identificar al responsable y determinar, en caso de corresponder, las sanciones disciplinarias procedentes”. Además, se designó a un abogado del organismo para instruir el proceso interno, con un plazo de 60 días hábiles para la elaboración del informe final, conforme al Reglamento de Investigaciones Administrativas para agentes del Estado provincial.
El trámite se originó a partir de una nota presentada ante el IPV que alertó sobre “una denuncia por estafa y defraudación realizada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana (…) contra el señor Luis Gómez, empleado del IPVyDU”, según consta en el acuerdo 5.569/25. A partir de ello, el Tribunal de Cuentas, con las firmas de Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, solicitó que, una vez concluida la investigación interna y con el acto administrativo firme, se remita la totalidad de las actuaciones para avanzar con las medidas correspondientes.
Cabral explicó que “en el caso de denuncias que involucran algún empleado del Instituto, iniciamos un sumario administrativo para luego tomar las medidas que correspondan”. Fuentes oficiales señalaron que actualmente se están recabando elementos para determinar si existieron responsabilidades, por lo que no se brindaron mayores precisiones. Sí se conoció que el caso tomó estado público tras una reunión en la que un hombre, junto a tres familias, expuso la situación ante autoridades del organismo, quienes reiteraron que el IPV no cobra ningún tipo de suma por trámites ni por la asignación de viviendas y que, de haberse entregado dinero, se trataría de una estafa.
A través de las cuentas oficiales del Instituto de la Vivienda se difunden de manera periódica publicaciones que apuntan a la erradicación de estas prácticas irregulares. “Rechazá y denunciá a falsos gestores. En el IPVyDU todos los trámites son totalmente gratuitos. No entregues dinero ni documentación a intermediarios”, señala un posteo de la cuenta de Facebook del organismo de julio pasado.
