El Tribunal de Cuentas de Tucumán resolvió iniciar un juicio de responsabilidad administrativa contra exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social y de la Caja Popular de Ahorros, tras detectar irregularidades en la entrega de mercadería durante 2023. El presunto perjuicio patrimonial fue estimado en $26,7 millones, según una valuación actualizada al 31 de enero de 2025.
La decisión fue formalizada en el Acuerdo Nº 5.140, firmado por Miguel Chaiben Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal. Allí se concluye una investigación iniciada en octubre de 2024, que detectó 12 órdenes de autorización (ODA) para el retiro de subsidios en especie —como cuchetas, chapas, mesas y sillas— sin respaldo normativo ni convenio específico.
Funcionarios implicados y falta de documentación
El juicio alcanza a la ex ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga; al interventor de la CPA, José Díaz; y al ex subinterventor y actual legislador provincial, Hugo Ledesma. También fueron incluidos empleados de la Caja que retiraron la mercadería: Jorge Alberto Garay, Luis Enrique Carranza, Carlos Emilio Nallib Budeguer, Julio Bernardo Naser y Flavio Gerardo Corres.
Según el TC, las órdenes fueron emitidas desde la oficina de Málaga y categorizadas como “ayudas sociales a personas”, aunque no se acreditó la existencia de convenios ni resoluciones que justificaran la entrega. Tampoco se identificó el grupo poblacional destinatario ni se verificó el destino final de los bienes.
Posibles delitos y notificación a organismos judiciales
El órgano de control puso en conocimiento de la situación al Ministerio Público Fiscal, ante la presunción de delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. También notificó a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.
En el expediente se menciona que algunos implicados prestaron declaración, mientras que otros —como Málaga y Ledesma— no respondieron al requerimiento. La ex ministra expresó su disconformidad con la instrucción del proceso.
Un procedimiento sin respaldo legal
El TC concluyó que el procedimiento de entrega de mercadería “no se ajustó a las disposiciones del Decreto N° 2348/4 (MDS)”, que establece que las ayudas deben destinarse a personas en situación de vulnerabilidad, entidades privadas o entes públicos no estatales. La falta de documentación, convenios y trazabilidad del destino de los bienes configura un mecanismo irregular que ahora será juzgado
