La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) resolvió sancionar al empresario Sergio Gómez Sansone, propietario de Rayo Bus SRL, firma que explota la Línea 8, tras considerar que incurrió en “conductas graves que incluyen difamación pública y hostilidad manifiesta” contra la entidad y sus autoridades.
La medida fue adoptada mediante una resolución fechada el 2 de diciembre de 2025, ratificada por los socios al día siguiente y notificada formalmente el 18 de diciembre a través de una carta documento firmada por el presidente de AETAT, Daniel Orell. El documento dispone la restricción de acceso y permanencia del empresario en la sede social y en los ámbitos institucionales de la asociación.
El conflicto se inscribe en un contexto de fuerte tensión en el sector del transporte público, cuyo origen se remonta a octubre pasado, cuando el Gobierno provincial notificó a Rayo Bus SRL la caducidad de la concesión de la línea 131, que une San Miguel de Tucumán con Tafí Viejo, tras más de 50 días de suspensión del servicio. Posteriormente, la explotación del recorrido fue transferida a La Nueva Fournier SRL, firma vinculada al vicepresidente de AETAT, Jorge Berreta.
Tras esa decisión oficial, Gómez Sansone realizó declaraciones públicas críticas contra el Gobierno provincial, el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y dirigentes del sector empresario. En declaraciones periodísticas, apuntó directamente contra Berreta y denunció presuntos intereses cruzados en la pérdida de la concesión.
“UTA hizo lo que hizo y finalmente Jorge Berreta se quedó con la línea. Le contesto con la realidad”, sostuvo el empresario.
En paralelo, durante el conflicto del transporte que paralizó por dos días el servicio de colectivos urbanos en la capital tucumana, Gómez Sansone decidió que la Línea 8 continuara funcionando con normalidad, en desacuerdo con la medida de fuerza. “No se puede negociar con un revólver en la boca, esto es patoterismo sindical”, afirmó, calificando el paro como “selectivo e ilegal” y denunciando la existencia de una “mafia” en el sector.
Desde AETAT, sin embargo, consideraron que las expresiones del empresario excedieron el marco del disenso legítimo. En la carta documento, la entidad fundamenta la sanción en actos de “difamación pública y hostilidad manifiesta contra la institución y sus directivos”, los cuales —según el texto— vulneran los deberes de lealtad y buena fe que rigen la vida asociativa.
Además, AETAT notificó a las empresas Villa Gloria SRL, Empresa de Transporte San Pedro de Colalao SA y Rayo Bus SRL que deberán designar un nuevo apoderado o representante legal ante la entidad, ya que no se admitirá la representación en cabeza de Gómez Sansone por las causales mencionadas.
No obstante, la conducción de la asociación aclaró que la sanción no implica la exclusión de las empresas, ni la pérdida de derechos económicos o políticos como socios, los cuales permanecerán vigentes, aunque deberán ser ejercidos por una persona distinta al empresario sancionado.
La decisión de AETAT se produce en medio de un debate abierto sobre el futuro del transporte público en Tucumán, el traspaso de recorridos, la situación laboral de los trabajadores y la creciente concentración de líneas, un escenario que explica el trasfondo de las críticas que derivaron en la sanción institucional.
