Mientras miles de tucumanos hacen malabares para llegar a sus trabajos, el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla repiten una fórmula que ya suena gastada: “el diálogo es la única manera de evitar conflictos”. ¿Pero qué pasa cuando el diálogo se convierte en una excusa para no decidir?.
La crisis del transporte público en Tucumán no es nueva, pero se agrava cada vez que el Estado se limita a ser mediador entre empresarios y trabajadores, sin asumir un rol activo en la defensa del usuario. Las declaraciones de Chahla y Jaldo muestran voluntad política, sí, pero también una preocupante falta de urgencia.
¿Qué dicen y qué callan?
- Chahla reconoce que el sistema es privado, pero insiste en que el Estado debe intervenir “desde el consenso”. ¿Y si el consenso no llega?
- Jaldo advierte sobre el impacto de Uber y el retiro de subsidios nacionales, pero no propone soluciones concretas para evitar el colapso del sistema.
- Ambos celebran avances como calles pavimentadas y colectivos nuevos, mientras los usuarios enfrentan demoras, frecuencias irregulares y tarifas inciertas.
El modelo por kilómetro: ¿salvavidas o bomba de tiempo? La propuesta de AETAT para cobrar por kilómetro recorrido podría ser el punto de quiebre. Si bien busca ordenar el sistema, también podría disparar los costos para el usuario si no se regula con firmeza. El municipio exige transparencia en los números, pero aún no hay definiciones.
Los usuarios del transporte son los más perjudicados ante la inoperancia de los gobernantes de turno.
En medio de esta pulseada entre empresarios, funcionarios y gremios, el ciudadano queda relegado. Más de 600 mil personas dependen del transporte público cada día. ¿Quién los representa en esta mesa de diálogo?. El consenso es valioso, pero insuficiente. Tucumán necesita decisiones valientes, controles efectivos y una política de transporte que priorice al usuario por encima de los intereses sectoriales. Porque cuando el Estado se limita a “dialogar”, el conflicto ya está en la calle.
