En el marco del debate por el Presupuesto 2026, el Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, como parte del paquete de reformas tributarias que impulsa el Ejecutivo. De forma previa, y con el acompañamiento de aliados de bloques provinciales, la UCR, el Pro y tres peronistas, La Libertad Avanza consiguió sancionar la «ley de leyes» tras un debate de casi ocho horas en el Senado.
La iniciativa fue aprobada por 43 votos a favor y 26 en contra. La votación tuvo tres ausentes del peronismo: el catamarqueño Guillermo Andrada, el riojano Sergio Uñac y la cordobesa Alejandra Vigo. Más allá de ellos, hubo unidad del justicialismo en contra de la iniciativa, pero no le alcanzó a la oposición ante el respaldo unánime del resto de los bloques.
Entre las motivaciones centrales del texto, sus impulsores señalaron la necesidad de que los ciudadanos puedan disponer sin restricciones de sus ahorros, buscando restablecer la confianza para ingresar dólares al sistema y garantizar protección frente a eventuales acciones de futuras administraciones. En las semanas previas, el proceso incluyó consultas con especialistas en materia tributaria, penal y prevención del lavado de activos. El resultado fue un proyecto que, según la intención de sus redactores, restablece el principio de inocencia para los ahorristas.
Si bien en la discusión pública se vincula la propuesta con la declaración de los llamados “dólares del colchón”, el proyecto no incorpora un régimen de blanqueo de capitales ni altera la estructura del impuesto. No obstante, tiene como objetivo que los argentinos utilicen sus ahorros -hasta $100 millones- sin riesgos de ser perseguidos por el fisco.
Las 10 claves para entender la ley de Inocencia Fiscal
- Principio de Inocencia Fiscal: El proyecto plantea que los contribuyentes sean considerados cumplidores salvo prueba en contrario, de modo que la AFIP no pueda presumir automáticamente intención de evasión sin evidencia concreta.
- Actualización del régimen penal tributario: Se suben los montos mínimos a partir de los cuales una infracción fiscal pasa de administrativa a penal, ajustándolos por la inflación acumulada desde 2017.
- Posibilidad de evitar denuncia penal: Quien liquida su deuda y los intereses antes de que la AFIP inicie una denuncia puede evitar la vía penal, aunque este beneficio solo se puede usar una vez por contribuyente.
- Extinción de acción penal y prescripción: Si prescriben las facultades del fisco para determinar o exigir un tributo, se extingue también la acción penal relacionada, limitando la persecución del Estado en ciertos casos.
- Figuras penales definidas: Mantiene penas de prisión (por ejemplo, de dos a seis años) para fraudes como simulación de cancelación de obligaciones mediante comprobantes falsos o declaraciones engañosas.
- Ajuste anual de montos y transparencia: Desde 2027, todos los montos del régimen penal y del simplificado se actualizarán cada año según la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y se publicarán para evitar distorsiones.
- Cambios en plazos de prescripción: Se modifican los plazos de prescripción general, reduciendo el plazo para contribuyentes cumplidores y eliminando la suspensión automática de la prescripción al iniciar una fiscalización.
- Reducción de multas para pymes y personas humanas: Introduce reducciones de hasta el 90% en multas administrativas para personas humanas y pequeñas y medianas empresas en determinados casos.
- Declaración jurada simplificada de Ganancias: Se crea un régimen opcional para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos y patrimonio dentro de ciertos límites, donde la AFIP confecciona la declaración y el contribuyente cumple con menos requisitos formales.
- Impacto indirecto sobre los “dólares del colchón”: Aunque no crea un blanqueo de capitales ni cambia la estructura de Ganancias, reduce el riesgo de inspecciones por incrementos patrimoniales no justificados y facilita la formalización de activos no declarados.
