La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) denunció que la intervención sin control de los peritos judiciales está generando un colapso en el sistema de ART. Según la entidad, los montos de las indemnizaciones por accidentes laborales se ven inflados por criterios discrecionales que favorecen a los trabajadores.
“Las pericias judiciales, en franco incumplimiento de la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, están haciendo colapsar el sistema de ART y atentan contra la generación de empleo formal en el país”, afirmó Mara Bettiol, presidenta de la UART.
Los peritos que determinan los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales son externos y actúan sin supervisión. La Cámara que agrupa a las ART sostiene que sus honorarios están vinculados al resultado económico de cada juicio, lo que genera incentivos para aumentar los montos indemnizatorios.
Críticas al sistema judicial y reclamo por reformas
La UART señaló que los jueces laborales avalan casi sistemáticamente los porcentajes establecidos por los peritos, aplicando además actualizaciones y tasas de interés que, según la entidad, resultan imposibles de financiar. Esto, aseguran, multiplica los juicios y eleva los costos laborales, afectando tanto a empresas como a trabajadores.
“Sus honorarios se establecen como porcentaje de las indemnizaciones, lo que constituye un aliciente a la judicialidad”, indicaron desde la organización. El resultado, afirman, es un sistema que desalienta la formalización del empleo y pone en riesgo la sostenibilidad del régimen de riesgos del trabajo.
Propuesta de Cuerpos Médicos Periciales
Ante este escenario, la UART reclama la conformación de Cuerpos Médicos Periciales, tal como lo prevé el artículo 2 de la Ley 27.348. “La no constitución de estos cuerpos significa continuar con la histórica discrecionalidad de la que gozan los peritos en la valuación de las incapacidades”, advirtieron.
La entidad considera que la creación de estos cuerpos permitiría establecer criterios técnicos uniformes, reducir la litigiosidad y garantizar mayor transparencia en los procesos judiciales vinculados a accidentes laborales.
