La Justicia tucumana avanza sobre una presunta red dedicada a la falsificación y venta de certificados médicos, una operatoria que desde febrero habría distribuido documentación apócrifa en escuelas, centros de salud y oficinas públicas. Hasta el momento, dos mujeres fueron imputadas y otras cinco personas están bajo investigación.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, dirigida por Diego López Ávila. Los allanamientos realizados en los barrios San Miguel y San Francisco revelaron la magnitud del esquema: se secuestraron decenas de sellos falsos, fichas médicas escolares y formularios de organismos como el Ministerio de Educación, el hospital Avellaneda, el Siprosa y la Oficina de Trámites Ciudadanos.
Según la investigación, la banda confeccionaba sellos a nombre de médicos, dentistas y técnicos de salud para emitir certificados, aptos físicos y formularios de Anses, que luego ofrecían principalmente por redes sociales.
Cómo se destapó la maniobra
La alerta se activó cuando profesionales de la salud detectaron certificados con sus nombres pero con datos erróneos o firmas falsas. Las denuncias derivaron en una serie de allanamientos que destaparon el circuito clandestino.
El 22 de octubre, la Policía allanó una vivienda en San Miguel y detuvo a la primera imputada, acusada de falsificar al menos dos fichas médicas: una como apto escolar y otra con un diagnóstico falso de gastroenteritis. La auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás pidió su prisión preventiva, que fue otorgada por 27 días.
Semanas después, un nuevo operativo en San Francisco permitió detener a otra sospechosa, imputada por falsificación de sellos. Quedó bajo arresto domiciliario por 30 días.
Una “fábrica de certificados” en expansión
Con el avance de las pericias, el Ministerio Público Fiscal perfila una estructura organizada que operaba como una “fábrica de certificados” para múltiples usos: trámites educativos, laborales, sanitarios y sociales. Ya fueron identificadas cinco personas más, aunque no se encontraban en sus domicilios al momento de los allanamientos.
Los investigadores no descartan que la red haya ofrecido más tipos de documentos de los hallados hasta ahora. En los operativos se secuestró material vinculado a planes sociales, certificados médicos generales y fichas escolares.
La causa sigue en plena expansión y no se descarta que surjan nuevos imputados en los próximos días.
