La reforma penal juvenil avanza con un cambio estructural en la manera en que la Justicia abordará los delitos cometidos por adolescentes. El eje central del proyecto es la implementación de un sistema escalonado de sanciones, un esquema que reemplaza la lógica de castigo automático por un modelo gradual que prioriza la reparación del daño y las penas alternativas antes que la prisión.
El tema fue analizado en el programa Infobae al Regreso, donde Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz detallaron los alcances de la iniciativa y explicaron cómo operará el nuevo régimen en la práctica.
Un sistema gradual: la “escalera” de sanciones
El principal cambio que introduce la reforma es la proporcionalidad estricta entre delito y pena.
“El sistema escalonado significa penas alternativas ante, por ejemplo, una situación de hurto. No es que el menor va a ser detenido ante todos los delitos”, explicó Malena de los Ríos, marcando el espíritu de la reforma.
En la misma línea, Gonzalo Aziz precisó que podrán ser juzgados y penalizados los menores que cometan delitos cuya pena en el Código Penal supere los tres años de prisión. Es decir, no todos los hechos implicarán una respuesta privativa de libertad.
Aziz sintetizó el funcionamiento del modelo con una metáfora clara:
“Delito más grave, escalona pena más grave. Es como una escalera que sopesa el tamaño del delito versus la cantidad o el tipo de penalidad”.
De este modo, el nuevo régimen establece que la prisión será la última instancia, reservada exclusivamente para los delitos más graves.
Penas alternativas y prisión limitada
Entre las sanciones previstas dentro del esquema escalonado se incluyen:
- Servicios comunitarios
- Reparación del daño a la víctima
- Monitoreo electrónico
- Supervisión especializada
“Servicios comunitarios, reparación del daño y monitoreo electrónico. O sea, sistema escalonado significa penas alternativas ante, por ejemplo, una situación de hurto”, amplió De los Ríos.
Solo en casos de delitos graves —como homicidio— se prevé la detención efectiva. Según explicó la especialista, la pena máxima contemplada será de hasta 15 años de prisión, luego de que en el debate parlamentario se redujera la propuesta original del oficialismo, que planteaba un tope de 20 años.
Además, se establece que los menores privados de libertad deberán permanecer sin contacto con adultos y en institutos especializados.
Sin embargo, durante el análisis también surgieron interrogantes sobre la capacidad operativa del Estado para implementar el sistema. De los Ríos advirtió que actualmente existe escasez de recursos, especialmente para garantizar herramientas como el monitoreo electrónico, lo que implicará la necesidad de financiamiento específico.
Nuevas figuras y responsabilidades estatales
La reforma incorpora la figura del supervisor especializado, un rol clave dentro del nuevo esquema.
“No solamente es el armado de la infraestructura, también los sueldos profesionales tienen que estar contemplados”, señaló De los Ríos.
El supervisor tendrá la función de acompañar al adolescente y garantizar el cumplimiento efectivo de las penas alternativas, evitando que el único recurso sea la devolución inmediata al entorno familiar sin seguimiento, como ocurre actualmente en muchos casos.
Diego Iglesias planteó dudas respecto a la infraestructura disponible: “Lo que yo tengo duda es que efectivamente estén estos lugares en las condiciones necesarias”.
La reforma, por lo tanto, no solo modifica el régimen sancionatorio, sino que también exige una reestructuración institucional para que el sistema pueda aplicarse correctamente.
Imputabilidad y garantías procesales
El proyecto mantiene la imputabilidad a partir de los 14 años, sin cambios respecto a ese punto. Sin embargo, incorpora mayores garantías procesales.
Aziz recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había observado a la Argentina por permitir que un juez pudiera privar de la libertad a un menor sin otorgarle un proceso penal completo.
“Ojo, porque vos tenés un juez que no tiene la facultad de penalizar a un pibe de menos de dieciséis, pero sí lo puede meter en un instituto de menores, lo está privando de la libertad sin darle la posibilidad de ser juzgado y eventualmente condenado de manera justa”, explicó.
El nuevo régimen incorpora:
- Abogado gratuito
- Asistencia social gratuita
- Acompañamiento a la familia
- Garantías de defensa durante todo el proceso
“Hay como una especie de ley de victimario que al mismo tiempo, por la edad, es una víctima también de un montón de cosas que la sociedad le ha propinado. Darle la garantía desde el Estado de que se pueda defender aun luego siendo condenado”, sostuvo Aziz.
Un cambio de paradigma
La reforma penal juvenil propone, en definitiva, un giro conceptual: pasar de un modelo centrado en la detención inmediata a uno basado en la proporcionalidad, la reinserción y la responsabilidad acompañada por el Estado.
La prisión deja de ser la regla para convertirse en la excepción, mientras que las sanciones alternativas y el seguimiento profesional buscan generar una respuesta más acorde a la edad y al contexto social de los adolescentes.
El desafío ahora no será solo normativo, sino operativo: garantizar que los recursos, la infraestructura y los equipos profesionales estén a la altura de un sistema que aspira a transformar la justicia juvenil en Argentina.
