La tensión entre empresarios, gremios y el municipio capitalino escaló a niveles críticos. Este miércoles al mediodía, la Secretaría de Trabajo convocó una nueva audiencia para intentar destrabar el conflicto que afecta a miles de usuarios del transporte urbano en San Miguel de Tucumán.
La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) ratificó la suspensión de 150 choferes de líneas urbanas. Según Jorge Berretta, vicepresidente de la entidad, las empresas enfrentan una caída del 20% al 30% en la venta de pasajes, deudas millonarias y competencia desleal por parte de Moto Uber. “Está comprobado que estamos quebrados”, disparó.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) respondió con firmeza. César González, referente gremial, advirtió que no permitirán despidos ni recortes salariales. Aunque reconoció la caída en la demanda, exigió que el municipio se involucre en la conciliación y aporte soluciones concretas.
Ambas partes coincidieron en convocar a funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. El municipio, por su parte, objeta la calidad del servicio y cuestiona la falta de controles sobre los ilegales. Las empresas, en cambio, reclaman que el poder concedente no garantiza la ecuación económica.
AETAT propuso implementar el sistema de “boleto por kilómetro recorrido”, vigente en Salta y otras provincias. La iniciativa busca reemplazar el esquema tarifario actual sin aumentar el precio del pasaje. Sin embargo, el municipio aún no presentó alternativas ni respondió al planteo.
Las suspensiones rotativas, de entre cinco y doce días, afectan a todas las líneas urbanas. El gremio teme que la crisis derive en una paralización total del servicio. La audiencia de hoy podría definir si Tucumán enfrenta una nueva huelga o si se abre una vía de negociación.
