Un extraño operativo policial derivó en una grave denuncia contra tres uniformados de la provincia. El episodio, ocurrido el sábado 15 de noviembre en Alderetes, podría derivar en imputaciones por privación ilegítima de la libertad y falsificación de instrumento público, según investiga la Fiscalía de Delitos Complejos.
El vecino identificado como F.L. aseguró que tres efectivos vestidos de civil llegaron a su domicilio en el barrio 100 Viviendas y le informaron que su camioneta Toyota Hilux tenía un pedido de secuestro vigente. Aunque aclaró que el vehículo estaba a su nombre desde 2021 y que los datos no coincidían con su identidad, los policías insistieron en que la orden provenía del Juzgado Federal N.º 1.
Convencido por esas afirmaciones, acompañó a los agentes hasta la Brigada de Investigaciones de Banda del Río Salí. Allí, según su testimonio, nunca le mostraron la orden judicial: le retuvieron el celular, lo obligaron a vaciar los bolsillos y lo fotografiaron como si se tratara de un detenido. Permaneció incomunicado más de cuatro horas hasta que le devolvieron el teléfono y pudo llamar a un amigo para retirarse.
La versión oficial y las contradicciones
El lunes siguiente, el denunciante acudió al Juzgado Federal N.º 1, donde la secretaria confirmó que no existía ninguna orden vigente y que la emitida años atrás —por una deuda fiscal del propietario anterior— estaba caducada desde 2021. El tribunal ordenó devolver el vehículo de inmediato.
En contraste, el acta policial consignó que el secuestro se produjo tras una persecución, alegando que el conductor intentó evadirlos y que al consultar la patente surgió un pedido de secuestro. La defensa del denunciante calificó esa versión como “insostenible” y aseguró que las cámaras de seguridad demostrarían que los policías llegaron mucho después de que él ingresara a su casa.
La investigación judicial
El abogado Álvaro Zelarayán pidió que se investigue a los tres policías por privación ilegítima de la libertad y falsificación de instrumento público. La fiscala Mariana Rivadeneira, a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos, deberá evaluar las pruebas aportadas, incluidas las filmaciones y documentos.
Si se confirma el relato del denunciante, los uniformados podrían enfrentar cargos graves. El caso también abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno y la verificación de pedidos judiciales dentro de la fuerza policial.
