El sistema de gestión de residuos del Gran San Miguel de Tucumán enfrenta una crisis estructural que ya no admite soluciones parciales. Los datos oficiales del Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) muestran una realidad alarmante: la cantidad de basura que se genera en el área metropolitana crece de manera sostenida y presiona al límite la capacidad del sistema.
Según las proyecciones para 2026, el conglomerado urbano —integrado por ocho municipios y con una población cercana a 1,1 millones de habitantes, de acuerdo al Censo 2022— producirá un promedio mensual de 29.513 toneladas de residuos, lo que equivale a 354.157 toneladas anuales. El volumen expone la magnitud del problema y deja en evidencia la falta de una política integral de reducción y tratamiento.
San Miguel de Tucumán concentra cerca de dos tercios de los residuos generados en el área metropolitana, lo que convierte a la capital en el principal foco de presión sobre el sistema. La mayor parte de la basura termina en el predio de Overá Pozo, cuya capacidad operativa y ambiental se encuentra cada vez más comprometida.
En términos económicos, el panorama no es menos preocupante. Para 2026, el presupuesto estimado del GIRSU supera los $23.800 millones. De ese total, $20.800 millones se destinan a servicios públicos básicos como recolección, transporte y disposición final. En cambio, los fondos asignados a salarios, contingencias y bienes de capital resultan limitados frente a la necesidad de modernizar el sistema.
Este esquema evidencia una falla de fondo: la mayor parte de los recursos se utiliza para sostener el funcionamiento cotidiano, pero no para invertir en soluciones de largo plazo. La falta de plantas de tratamiento, programas sostenidos de separación en origen y políticas de reciclado impide reducir el volumen de residuos que llega a Overá Pozo.
Además, el consorcio arrastra problemas de gobernanza. La coordinación entre municipios es débil, no existen metas claras de reducción ni mecanismos transparentes de control sobre el destino final de la basura. Sin una planificación común, cada ciudad actúa de manera fragmentada y el problema se profundiza.
El diagnóstico es claro: el Gran San Miguel de Tucumán produce más de 350 mil toneladas de residuos por año y el modelo actual no alcanza para gestionarlas de forma sustentable. Sin cambios estructurales, mayor inversión en infraestructura y una política ambiental activa que involucre al Estado y a la ciudadanía, el sistema seguirá acumulando costos ambientales, sanitarios y económicos difíciles de revertir.
